La política exterior muchas veces se entorpece por la divergencia entre el énfasis ideológico y los reales intereses del Estado; o por la conveniencia en eludir la planificación para crear un vacío que ofrezca la libertad de acción a iniciativas de relumbrón, evitándose así la rendición de cuentas sobre la efectividad de las decisiones de la política estado.
No se trata de flexibilidad en la conducta de la política exterior, para aprovechar los cambios del ambiente internacional y de las oportunidades que se presenten, son más bien un cúmulo de iniciativas dispares que ni siquiera se alinean con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, de integración latinoamericana y la inserción inteligente y activa en el mercado mundial.
El Presidente por ejemplo, en su visita a Beijín en noviembre de 2007 manifestó que “El Ecuador es una ventana geopolítica para ser usada como un puente de acceso a los mercados de Sudamérica”. 5 años de esa directriz se reflejan en infructuosas gestiones de comercio exterior con Irán, Azerbaiyán, Kuwait, Turquía y un Comité Económico Comercial Conjunto, que beneficie al Ecuador de los acuerdos de asociación entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán; alianza sobre la cual no hay necesidad de esperar resultados.
Mientras tanto, cuando apenas el Viceministro de comercio exterior visita Corea y Singapur, los países que tienen conciencia de la ventaja de su posición geográfica y vocación marítima como son Chile, Perú, Colombia y México, se asocian en la Alianza del Pacífico con proyección a la Cuenca Asia-Pacífico y búsqueda de mejores perspectivas con la APEC.
El Ecuador como “ventana geopolítica”, parecía asumir la visión del Sistema de Integración de la Infraestructura Sudamericana, IRSSA, que desde 2000 impulsa la visión bioceanica de Brasil, con megaproyectos: el puerto de aguas profundas para la transferencia de contendores para Sudamérica en Manta, los aeropuertos de Tena y Santa Rosa y el Eje de integración costa- amazonia, la vía Shushifindi – Providencia.
Ante este impulso incontenible de desarrollo amazónico , todavía no se esclarece el concepto de la economía verde con el Proyecto Yasuní-ITT; si bien se debe preservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas y combatir el cambio climático, merece compatibilizarse con otros proyectos para el desarrollo socio económico, aunque en la coyuntura, no ofrezcan protagonismo internacional como se busca afanosamente en la reunión de Río+20 .
El respaldo a los derechos de la naturaleza debe armonizarse con los derechos de desarrollo de la nación, la erradicación de la pobreza saliéndose del dilema de la Subordinación de los imperativos ambientalistas a los intereses económicos.