‘Le entrego todo lo que tengo, pero por favor no me mate”, es la frase que se oye una y otra vez a quienes han sufrido asaltos y han podido contarlo. No sólo roban sino matan a quien se opone a que los delincuentes lo desvalijen, Casi, no hay familia ecuatoriana que no haya sentido en carne propia el ensañamiento del crimen, robo, asalto, violación, secuestro, sicariato que han adquirido el carácter de espanto. El país del 2010 es un territorio donde la violencia criminal muestra su rostro más repulsivo. Las cifras oficiales que presentan las autoridades hablan solas. Sólo en Guayaquil hubo más de 212 homicidios en lo que va del año. Un 64% de esas muertes se considera ajuste de cuentas. Un 17% tiene el asalto y robo como móvil, y el presente sicariato suma el 11%. Un aspecto notorio: 66 de los muertos tenían antecedentes penales, que nos hace deducir lo huérfanos que estamos de la protección legal en un país donde hace rato impera una psicosis de temor, incertidumbre, lamento. Y es que aquí no pasa nada, la seguridad ciudadana considerada como una política de Estado prioritaria en Ecuador es una falacia debido a un imparable desmoronamiento institucional. Además, en el informe presidencial del 10 de Agosto el tema apenas fue abordado, mientras instituciones como la Policía, justicia y cárceles vienen perdiendo desde hace muchos años la credibilidad y respeto que deben inspirar, no han dejado de ser acosados por escándalos y corrupción. La primera afectada por el involucramiento de agentes en actos de corrupción. La justicia minada con escándalos del más alto nivel y con serios cuestionamientos al funcionamiento del sistema acusatorio penal. Las cárceles convertidas en escuelas de perfeccionamiento del delito, donde el hacinamiento apoya el concubinato público, la prostitución, la ignorancia, el desarrollo de enfermedades. Es decir, la rehabilitación es inexistente.
El común de nosotros, los ciudadanos mortales, desprovistos de esos superpoderes sólo anhelamos no ser agredidos física ni psicológicamente. Y si se tiene que hacer frente a la violencia pobre aquel que ose denunciar tal acto, porque el delincuente lo esperará para rendirle cuentas por tamaña alevosía, o la otra alternativa es que el agresor sea liberado por los jueces competentes. Cualquiera fuese el caso, nuestro sistema legal verá la formar de favorecer la impunidad. No cabe duda que la inseguridad ciudadana es el resultado de múltiples y complejos factores. El desempleo, la falta de educación y la pobreza se identifican como causas de la violencia. No obstante en una auténtica democracia, las instituciones creadas deben demostrar capacidad en la lucha contra la pobreza y la seguridad del ciudadano.