Julio Echeverría

Estado y no contactados

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14 de April de 2013 00:03

El conflicto entre huaoranis y taromenanes, este último, pueblo no contactado de la Amazonía, y el papel del Estado en el mismo, pone en juego lo que denominaría como la paradoja global del desarrollo: por un lado, sobre explotación de recursos naturales, por otro, expansión de derechos y de sus garantías, en particular los de tercera y cuarta generaciones que defienden la identidad de pueblos y colectividades, el acceso a la información y a la comunicación como bienes públicos. En línea contraria a la tendencia de afirmación y garantía de estos derechos está la lógica de la economía global, en particular la de las economías emergentes que son las que más crecen gracias a la explotación de la renta de la naturaleza.

El ingreso de grandes masas al consumo y al crecimiento global determina una demanda creciente de materias primas mientras se represa el desarrollo de tecnologías que podrían sustituirlas. Todo ello desata un conflicto que tiende a agudizarse entre los Estados que en su afán de mantener su legitimidad, acuden al expediente del crecimiento, sin reparar en la defensa de los derechos ciudadanos a su identidad cultural inalienable e inderogable.

La Constitución de Montecristi se instala en esta paradoja; enfrenta garantismo con extractivismo; por un lado avanza al reconocer esta nueva generación de derechos y sus garantías (se vanagloria de haber 'inventado' los derechos de la naturaleza al regirse por el principio del sumak kausai), pero por otro, diseña un modelo económico que apunta en dirección a la transferencia de rentas como mecanismo de redistribución y de relegitimación que se sustenta en el monopolio de la extracción de materias primas.

Es este el marco político e institucional que explica el conflicto entre huaoranis y taromenanes y frente al cual se encuentra seriamente interpelado el Estado ecuatoriano. La expansión de la frontera petrolera impulsada por el mismo Estado, genera una presión por recursos que reduce el ámbito territorial en el cual se encuentran estos pueblos; la sospecha de que en este conflicto el Estado recurra al principio divide et impera vuelve más urgente la necesidad de que la ciudadanía y las instancias que deberían velar por la garantía de estos derechos intervengan.

La plena realización de estos derechos depende de la vigencia de administraciones de justicia que sean realmente autónomas e independientes frente a las exigencias políticas de sus Estados; en muchos casos, al tratarse de bienes públicos que superan la jurisdiccionalidad de los Estados nacionales, exigen del desarrollo de instancias supranacionales que los garanticen, modificando, desarrollando y potenciando el concepto decimonónico de soberanía al cual tiende fácilmente a acudir la retórica nacionalista.