Casi 30 barrios ilegales creados por los traficantes de tierras, se han aprobado prácticamente en silencio. Los bombos y platillos, los fuegos artificiales municipales que no son para nada baratos, localizados sólo para los que supuestamente cumplen su sueño. Lo ilegal se vuelve legal como un incentivo para los criminales que a cuántos no han robado por sus tierras: el sueño de tener casita. Curioso que el “Quito que queremos”, pero que es obvio que no tenemos, justo en época de campaña, olvida el bienestar, el famoso buen vivir de los soñadores que se va por el desagüe y que, tan real, como horrible, se convierte en votos. Pobres nosotros quiteños, unos que creen aún que los servicios básicos llegarán enseguida y vivirán la pesadilla de nunca verlos, pero confiados botarán por el “generoso” Burgomaestre. El resto impávidos y sin poder actuar, porque eso sí, las normas para la construcción de los promotores, arquitectos y constructores, se endurecen en la búsqueda de la protección del consumidor o futuro propietario que, aunque de manera inmediata sentirá que cumplirá el sueño de un techo, nunca entenderá por qué se encareció tanto. La contradicción es suprema.
Las anteriores administraciones de la ciudad, no por malas gentes ni porque no les habría gustado hacerse y ser populares sino, más bien, por responsabilidad no aprobaron legalmente a los barrios en los que cientos de quiteños o inmigrantes de otras provincias se asentaron confiados en haberlo logrado legalmente. Lo hicieron con la consciencia, conociendo que el costo para la ciudad era inmenso, no factible, para llevar los servicios básicos que equivalen a dignidad a las puertas de los nuevos vecinos. Tampoco los aprobaron porque estaban conscientes de que legalizar uno o más de estos asentamientos es como dar un apretón de manos al crimen organizado que sin vergüenza ni pena miente a los compradores de un sueño. Y lo más probable es que perdieron por cientos los votos y todo por no ser irresponsables y, menos, en media campaña.
Al mismo tiempo en gran silencio, pero con gran festejo, otra contradicción, que aprueba estas tremendas irregularidades que no pueden estar más lejos del buen vivir tan publicitado con propaganda tras propaganda de mentiras sin nombre, sacan nuevas ordenanzas para la construcción, promoción y venta de inmuebles, bajo el lema de la protección al consumidor, donde sin más, justos pagan por pecadores y los que más pagan, valga la redundancia, son los propios habitantes de la ciudad que terminarán pagando precios exorbitantes por su bien merecido techo, que sí les traerá bienestar y dignidad.
Entiendo a los engañados por los traficantes de tierras, ellos pagaron su platita por brindar un techo a los suyos, pero ningún gobierno local tiene derecho, bajo ninguna circunstancia a aprovecharse de su ingenuidad y necesidad y todo por un voto más para que un selecto grupo continúe sus gestiones para construir el Quito en el que no quisiéramos vivir y al diablo el “buen vivir”!