Farith Simon

Ser y parecer

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14 de January de 2013 00:01

Hasta el año 1992 los miembros de la máxima instancia judicial en el Ecuador -la Corte Suprema de Justicia- tenían un doble rol: jueces y administradores. Ese año una reforma constitucional estableció un Consejo Nacional de la Judicatura como “órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial”.

El primer Consejo -que se conformó en 1998- cumplió sus tareas de manera limitada, al margen de esfuerzos individuales, su accionar estuvo marcado por tensiones permanentes con la Corte Suprema de Justicia y una excesiva dependencia a un gremialismo que, en ese entonces, cobró una relevancia indebida.

La forma de designación de los vocales convirtió a varios de ellos en representantes gremiales, algunos estuvieron bajo sospecha por su vinculación política y no siempre cumplieron adecuadamente el encargo de ser administradores; por su formación profesional, todos abogados, muchas de las “soluciones” a problemas administrativos acuciantes venían de la mano de una lógica normativa que se reflejó en un reglamentarismo que rayaba en lo ridículo.

Con el tiempo se hizo evidente que la institución creada, para enfrentar algunas de las más graves deficiencias de la justicia, se convirtió en una carga más para el desprestigiado sistema. Por su limitada capacidad de gestión y dependencia política poco hizo el Consejo para el establecimiento de una verdadera carrera judicial (ingreso, permanencia, sanciones, ascensos, formación), mejora de la infraestructura, incremento de la eficiencia o ampliación del acceso a la justicia.

La Consulta Popular le dio nuevas funciones, otra composición y bríos.

El Consejo de la Judicatura de Transición -en 18 meses- ha llevado adelante una acción sin precedentes en la historia del país, se establecieron decenas de nuevas judicaturas, se incrementó el número de jueces y funcionarios, una inversión millonaria en infraestructura e innovaciones tecnológicas, nuevos procedimientos administrativos, sistemas de formación, entre otros logros innegables.

La semana pasada se designaron nuevos miembros, responsables del gobierno, administración, vigilancia y disciplina en la Función Judicial hasta el 2019; sus 5 vocales tienen varios retos, el más importante: crear las condiciones para que todos los jueces del país puedan realizar su trabajo con total independencia interna y externa, particularmente frente al poder, una deuda de los vocales salientes.

La experiencia y calificaciones profesionales de los nuevos vocales se ven opacadas por su relación con el Ejecutivo, algo que provoca una legítima desconfianza en su capacidad de actuar con la independencia requerida frente a otra función del Estado, esperemos que con su trabajo demuestren al país lo equivocados que estamos los críticos, cumpliendo su responsabilidad siendo y pareciendo independientes.