Con la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana publicada en el Registro Oficial (que entra en vigencia a partir del 1 de junio), el escenario empresarial es más complejo. En menos de dos meses se aprobaron dos reformas tributarias (suman 14 en lo que va de la presente administración gubernamental), y si a eso se suma la extensión de las salvaguardias -que regirán hasta el 2017-, deja por el piso cualquier planificación, en lo relacionado con la optimización de costos de producción de una compañía.
Con una estructura de costos corporativos, que se desordena cada vez que al Gobierno le faltan recursos y tiene que echar mano de los impuestos, resulta complicado desarrollar acciones estratégicas para mejorar la competitividad de la producción y lograr llegar a nuevos mercados. Justo ahora, cuando el país requiere del ingreso de más divisas para aliviar los problemas de liquidez, tanto del Gobierno como de las empresas que acceden con dificultades al financiamiento de la banca privada.
Por enésima vez, los gremios productivos reiteraron esta semana su advertencia al Gobierno, de que la aplicación de más impuestos afectará la liquidez de las empresas, su desarrollo y, consecuentemente, eso incidirá en la pérdida de empleos. Y también, por enésima vez, el Ejecutivo descalificará estos pronunciamientos y llevará el debate económico a la arena política, sin que en el corto o mediano plazo se puedan establecer caminos pragmáticos que puedan dar un respiro a la frágil economía nacional.
Hace más de un año, el Gobierno destacaba como un logro la instalación de los Consejos Consultivos entre el sector privado y el público, para buscar sinergias que apunten hacia objetivos comunes. En el balance operativo, este espacio ha sido casi infructuoso, con pocas reuniones y no se advierten resultados de largo plazo, para la agenda económica del país. Con base en esta experiencia, no se pueden esperar resultados de esta reciente advertencia empresarial. Así, ¿cómo avanzar?