Francisco Carrión Mena

Vuelta a la ‘anormalidad’

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Tras esta primera vuelta electoral, llena de peripecias, dudas y que nos llevó al borde de la ruptura de la debilitada institucionalidad y a la expectativa de la segunda el 2 de abril venidero, debemos volver a la ‘anormalidad’ en la que nos encontrábamos en las últimas semanas.

Me refiero a la imperativa necesidad de develar los misterios que encierra la corrupción en la que estarían implicadas autoridades del gobierno que termina.
Me temo que las elecciones en segunda vuelta no serían legítimas si no se aclaran los casos de soborno y se señalan a los responsables.

Estos hechos conmovieron y aun conmueven al país. La preocupación se interrumpió por la contienda electoral. Ahora la investigación debe ser retomada con celeridad y rectitud.
El electorado tiene que estar diáfanamente claro por quién se inclina al votar, no vaya a resultar que por desconocimiento elija una opción que se halle envuelta en casos de corrupción que no sean sancionados. 


Se requiere que antes del 2 de abril se conozca, por ejemplo, la ya famosa lista de implicados en Odebrecht, que se aclare por completo la presunta corrupción en Petroecuador, en el sector eléctrico, en fin, todos esos casos que han manchado el mandato del Presidente Correa.


El país exige esa información para definir su voto con transparencia. A los dos candidatos finalistas les interesa, por igual, que esto suceda para que el resultado, cualquiera que este fuera, refleje voluntad popular, que no tenga el menor tufillo a engaño. No vaya ser que en unos meses nos enteremos los nombres de corruptos que ya estén montados en el poder. La crisis institucional sería casi irreparable.


Grave la responsabilidad del Fiscal y del Contralor para que esto no suceda. Su acción tiene que ser pronta, eficaz e independiente. Ambos constituyen actores claves para que la voluntad popular se respete develando los actos de corrupción para que el votante sepa por quien lo hace.

Tienen la oportunidad legal y moral, que espero no sea demasiado tarde, para limpiar de sospechas su nombre frente al país, a su conciencia y a su familia. La información que el Ecuador exige está ahí, ellos y nosotros sabemos que existe, y en una coyuntura política como la que vive el país tienen la obligación de divulgarla.


Si eso no lo hacen, me temo que estarían contribuyendo de una forma velada a una especie de escamoteo de lo que quiere el pueblo. El votante tiene que disponer de toda la información relevante para ejercer a conciencia su derecho. Esa es la democracia.


No es aceptable que el vocero de las denuncias de corrupción sea un prófugo de la justicia que aparezca periódicamente por las redes sociales arrogándose funciones de justiciero cuando se habría apropiado millones del dinero del pueblo.