Marco Arauz

Poder vs. derechos

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30 de October de 2011 00:02

En la semana que termina se tensó más la cuerda de los derechos y las libertades en el país. Un dirigente indígena septuagenario fue “gaseado” y detenido el martes en Azuay por, supuestamente, haber lanzado una piedra contra un auto de la delegación del presidente Rafael Correa, que iba a inspeccionar una concesión minera, en medio de un operativo de 450 militares y 300 policías.

Horas antes fue detenido el Presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, quien tiene un juicio penal por el supuesto delito de obstrucción ilegal de vías públicas, en las protestas de mayo del 2010.

Esa misma tarde, la defensa de los derechos civiles se jugaba en una conocida cancha internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Ahí, el Canciller y el Procurador -quien se supone defiende al Estado y no al Gobierno- no quisieron referirse a casos específicos como los juicios que sigue Correa contra periodistas y medios.

Quisieron más bien articular una curiosa doctrina política y jurídica según la cual el Ecuador vive un proceso de redefinición de derechos que coincide en líneas generales con los postulados interamericanos, todo ello barnizado con una capa de soberanía según la cual los casos específicos son materia de cada Estado. El miércoles, ante la misma CIDH, la Conaie denunció la criminalización de las protestas y el riesgo para los Tagaeri y Taromenane frente a la explotación petrolera. Su Presidente explicó que hay más 200 casos de juicios (la mayoría por sabotaje y terrorismo) seguidos contra agricultores y campesinos por acudir a las marchas de reclamo.

En ambos casos, los peticionarios creen que es necesaria una visita de la CIDH. El Gobierno se resiste a hacer la invitación por vía diplomática, argumentando que todos son bienvenidos. A esta reticencia, el Presidente ha añadido condiciones a las posibles recomendaciones del organismo internacional.

Ya se verá cómo reacciona el Gobierno ante eventuales llamados de atención internacionales. Por ahora, y pese al enorme despliegue diplomático y mediático oficialista, afuera se va conociendo poco a poco la situación de los derechos civiles en el país. Si bien aquí no parece sorprender que un Presidente que insulta sistemáticamente demande con prisión y millonarias sanciones su derecho a la honra, afuera sí se impresionan quienes ven sus ataques. O escuchan la definición sobre su poder y el del Estado, que hizo en marzo del 2009 y no ha rectificado. Esta transcripción no está“descontextualizada”: “Escúchenme bien. El Presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría”.