César Montúfar

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El Gobierno y la sociedad requieren un baño de verdad, el mismo que implica establecer responsabilidades, pero sobre todo un diagnóstico objetivo de la realidad. Tenemos una situación económica explosiva que pudiera llevarnos a escenarios catastróficos no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. No hay cifras transparentes para determinar con exactitud la gravedad del hueco fiscal. Es evidente que el tiempo de las vacas gordas terminó y que nos enfrentamos ante una situación en la cual, incluso, podrían revertirse los avances sociales de los últimos años.

El Ecuador entero, por tanto, debe concentrarse en encontrar salidas concertadas a la crisis económica que ya enfrentamos. El Ecuador entero debe dialogar y acordar que hay qué hacer para mantener el esquema de dolarización y los niveles de inversión social que merece un país agobiado por la pobreza.

Atizar la pugna política y el enfrentamiento social en un escenario económico tan crítico, no solo es una estrategia antidemocrática, sino que conspira en contra del objetivo y prioridad nacional de que nuestro país evite un escenario de bloqueo y deterioro extremo como el venezolano.

Si el Gobierno desea enfrentar con responsabilidad las dificultades económicas que hoy acechan, si escoge la vía de la sensatez y abandona el camino de la provocación y exacerbación del conflicto, debería retirar los obstáculos que ha colocado y abrir un espacio de diálogo genuino, un diálogo verdaderamente sin exclusiones, sobre los temas de fondo del país, que en este caso, tienen que ver con la economía y la situación fiscal.

Un gesto en ese sentido sería suficiente. Este gesto correspondería al archivo de las enmiendas constitucionales que, según el calendario, estarían por aprobarse en diciembre por parte de la Asamblea Nacional, pues estas no solo traicionan el pacto constitucional de Montecristi por el que el pueblo ecuatoriano se pronunció en referéndum, sino que serán el tema central de la conflictividad política y social de los próximos meses.

Las enmiendas son ilegítimas e ilegales por la forma en que fueron procesadas. Sobre todo, traen consigo afectaciones de fondo a la alternabilidad democrática, con la reelección indefinida; cambian peligrosamente las funciones de las FF.AA.; reducen las competencias de los gobiernos descentralizados; deterioran los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos a convocar consultas populares, y auparán la corrupción con la reducción de las funciones de la Contraloría. Persistir en la aprobación de las mismas creará para el Gobierno una hoguera de conflicto político, en medio de una aguda crisis económica, a la que esperamos no se agregue la inestable situación volcánica del taita Cotopaxi.

Correa se enfrenta un dilema: Inmolarse o dejar algún legado al país luego del fin de su mandato. Si escoge el primer camino, no tiene más que persistir en las enmiendas y agudizar el conflicto político mientras la economía se le cae a pedazos. Si escoge la segunda opción, el archivo de las enmiendas podría ser un gesto de rectificación y de búsqueda de soluciones concertadas a los problemas.

@cmontufarm