Después de la salida en falso de la Fiscalía frente a las observaciones del Relator de la ONU sobre la inseguridad y la impunidad en el Ecuador, al Fiscal no se le ocurrió mejor cosa que polemizar públicamente, fiel a su estilo mediático, con el Gobierno, sobre la falta de acuerdos para una reforma al Código Penal.
El Fiscal quiere, como una medida para combatir el sicariato, que la edad para imputar delitos se reduzca de 18 a 16 años, a lo cual se oponen la Ministra de Inclusión Económica y el Ministro de Justicia, basándose en los convenios de derechos humanos y el Código de la Niñez.
Más que esta curiosa e ilegal concepción de los derechos, con la cual por supuesto no se remediarán los males que aquejan a la justicia, lo que llama la atención es que el Fiscal recurra otra vez al agotado recurso de armar espectáculos públicos en lugar de apuntar a la raíz de los problemas.
No es exagerado decir que el territorio ecuatoriano se está convirtiendo rápidamente en el espacio donde se mueven cada vez con mayor holgura las mafias vinculadas con las drogas, no solo en las etapas de procesamiento y transporte sino también en el blanqueo de dinero y el ajuste de cuentas. En este momento hay una serie de circunstancias que favorecen esta lamentable realidad en el país.
Como lo ha confirmado este Diario en reportajes de investigación durante estos días, en las zonas fronterizas y casi todas las provincias de la Costa se siente con fuerza el impacto del narcotráfico que, sumado al de la actividad delictiva ‘normal’, afianza entre la población un sentimiento de incertidumbre que no se limita a una percepción.
Uno de los lemas de la propia Fiscalía en una campaña dirigida a la ciudadanía exhorta a combatir la delincuencia con responsabilidad, dando a entender que son las personas comunes y corrientes las que deben obrar sensatamente para no ser víctimas de los delincuentes. ¿Y las autoridades qué? Así como es inexplicable que hasta ahora estas no hayan dado una respuesta coherente a la inseguridad, es increíble que el aparataje gubernamental dedicado a las encuestas y a la comunicación no haya detectado que se trata de uno de los temas más sensibles y en los cuales debieran invertirse los mejores esfuerzos y recursos públicos.
En cambio, se mantiene al país distraído en campañas de promoción o se dedica gran parte del tiempo y la energía para combatir ‘a muerte’ a los medios privados, porque seguramente son más peligrosos que el crimen organizado. En esta fanfarria, hay espacio para actitudes como la de la Fiscalía, que más bien debiera aprovechar su cercanía con el poder para articular un plan serio de mejora del sistema judicial. Pero hay más preocupación por el espectáculo y por los preparativos para la elección y reelección de autoridades que por las acciones para enfrentar la realidad. La impunidad goza de buena salud.