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El equilibrio conceptual, ahora achacoso por la radicalización de visiones políticas, demuestra enormes dificultades para su recuperación. Todavía se ven actos en los cuales se mantienen posturas destempladas; y, lo peor, por miembros del mismo movimiento que anuncia una mejor convivencia ciudadana y política. Aún suena áspero pedir racionalidad y peor prudencia. ¡Quieren guerra! Parece que, por fortuna no son muchos.

¿Qué desean? Seguir la ruta que lleva a un punto de desintegración social y económica, en el cual la pobreza e indigencia sean el común denominador de toda la sociedad. Es que no se dan cuenta que con estas actitudes, ni siquiera los falsos postulados de la llamada revolución los van a poder sostener. Si en condiciones normales, ese modelo no funciona. Fracasa en todas partes en donde se lo aplica. ¿Qué se obtiene al hacerlo con intransigencia?

Lo vuelto a ver esta semana de parte de algunos miembros del movimiento del gobierno, es la violencia y desprecio con la cual se debaten diferencias. ¡Y lo hacen entre conmilitones! Algo quieren enmascarar. A algunos les molesta el diálogo. ¿Acaso lo que necesitan es mantener la confrontación como medio para esconder las trapacerías? Porque, en un ambiente de mayor concordia, de respeto democrático, jueces y políticos encuentran dificultades para soslayar sus responsabilidades. Y, precisamente eso quiere conseguir la sociedad, asistida por la postura de apertura del gobierno.

El gobierno anterior negó un millón de veces que la economía nacional está inerme. En crisis. Pero, por fin el actual lo acaba de reconocer. ¡Vaya cambio positivo! Empieza a pisar terreno real. Sabe que necesita volver a prender motores para que funcione y eso no se consigue con una política de confrontación. Eso sólo es viable cuando la política respeta los postulados de la democracia, los aplica, los defiende y todos se someten a ella, sin buscar un trato privilegiado.

Si el gobierno busca el diálogo para llegar a compromisos compartidos y quiere recomponer las relaciones con las actividades privadas sin afrontar costos presupuestarios (no creo en esa llamada “devaluación fiscal”, que sólo crea más subsidios), porqué no elimina las leyes que dinamitaron esa relación y dañaron muchos empleos: herencia, plusvalía, ganancias ocasionales de capital, solidaridad subsidiaria laboral; y, lo refuerza autorizando la circulación del informe del FMI relativo al Art. IV sobre el Ecuador, que lo prohibió el antecesor, como una muestra de la transparencia perdida hace rato.

Lo que se ve es que el camino para volver a tener una economía vitalizada todavía no tiene trazado, aunque el reconocimiento del problema es un punto de partida que era necesario para construirlo.