Una vez más el Régimen entra en choque con las comunidades indígenas. Esta vez hay un policía muerto y un dirigente detenido.
El telón de fondo es la actividad minera en un sector de la provincia de Morona Santiago conocido como Panantza.
Una empresa china tiene en sus manos una porción de tierra que sostiene haber comprado hace años. Las comunidades de que viven en zonas próximas sostienen que se trata de territorios ancestrales.
El Gobierno sale con toda su fuerza en defensa de la empresa extranjera. Los hechos violentos dejan una víctima mortal: un policía. Todo uso de la fuerza contra un ser humano es reprochable y merece repudio.
El Estado debe dosificar el uso de la fuerza. No todo se resuelve con represión ni discursos altisonantes ni con descalificaciones a las comunidades indígenas.
En ese contexto las autoridades del Ministerio del Interior piden a la Cartera de Ambiente abrir un proceso de disolución de la personería jurídica de Acción Ecológica. Se argumenta desde las altas esferas gubernamentales que por las redes sociales se estimulaba la violencia. La dirigencia de la Organización No Gubernamental y ambientalista, con 30 años de activa presencia en el país, sostiene que no hubo incitación a la violencia y presenta sus descargos en el Ministerio, que se tomará 10 días para decidir el futuro legal de Acción Ecológica. Esperanza Martínez apunta que se desvía la atención y energía de sus tareas mientras lo que ocurre en Morona Santiago debiera llenar sus iniciativas y prioridades.
Se preocupan los dirigentes de la organización ambiental por eventuales acusaciones de actos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal que podrían ser calificados como acciones terroristas.
Agustín Wachapá, dirigente interprovincial guarda prisión con la acusación de incitación a la discordia y que fue detenido allá donde las papas queman además hay nueve personas en la cárcel. Las organizaciones del pueblo Shuar, la segunda nacionalidad ancestral del país por número de componentes, hacen sus demandas de rechazo y lo propio ha sucedido con la puesta en la escena internacional de Acción Ecológica y sus conexiones internacionales. Ellos acuden a la ONU y a la CIDH de la OEA.
Mientras, en las filas oficialistas hay diferencias de opinión. El candidato Lenin Moreno dice que hará un Gobierno que instale el diálogo mientras el Presidente fustiga a la dirigencia indígena y se niega a dialogar mientras los responsables de la muerte del policía no estén ubicados y detenidos.
Todo esto se desarrolla en la ‘tierra fértil’ que alentó la Constitución garantista, aquella que el Régimen vendió como su puesta en escena progresista. Esa visión parece sepultada con el bloqueo a la consulta propuesta por Yasunidos para evitar la explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní y los contratos para la extracción de minerales. Del discurso garantista al pragmatismo y los aprietos económicos media una distancia insalvable a estas alturas.