9 de September de 2012 00:59

Virreinato infiel

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FERNANDO LABORDA

Es muy probable que la denuncia contra el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, acusado de espiar a la presidenta Cristina Fernández, carezca de fundamento. En ningún caso podría considerarse que una guardia fotográfica de dos medios periodísticos en el aeropuerto de Río Gallegos equivalga a una operación de espionaje en complicidad con el Mandatario y la Policía provinciales.

Para algunos observadores, puede tratarse de un nuevo rapto de paranoia de un Poder Ejecutivo acostumbrado a controlar y a desalentar el diálogo de sus funcionarios con la prensa. Para muchos otros, puede ser parte de un plan dirigido a esmerilar aún más la figura de un mandatario provincial que hace tiempo perdió el aval de la Casa Rosada. “Hay que ordenarlos”, es una de las consignas que se escuchan entre dirigentes de La Cámpora (movimiento gobiernista dirigido por Máximo Kirchner Fernández). Por supuesto, siempre a los gritos o a fuerza de amenazas. Rara vez mediante el diálogo.

Santa Cruz representa un caso especial para la Presidenta. Es que esta provincia, a la que Néstor Kirchner gobernó durante casi 12 años después de cuatro como intendente de Río Gallegos, debe funcionar para ella como una suerte de virreinato, donde el gobernador actúe como un delegado del Poder Ejecutivo Nacional. Pero hoy tiene un virrey infiel.

Los rumores sobre una intervención federal o sobre una renuncia forzada del gobernador Peralta siguen estando a la orden del día. Sin embargo, cabe preguntarse si una salida tan traumática no resentirá la relación entre el Gobierno Nacional y no pocas provincias.

Al mismo tiempo, Peralta no ha dudado en desafiar al Gobierno Nacional al expresar que únicamente podrá sacarlo de la gobernación el pueblo de Santa Cruz. Las operaciones de desgaste fogoneadas sobre su gobierno desde La Cámpora y desde el poder central llevan ya ocho meses. Al gobernador Sergio Acevedo, quien tenía serias diferencias con el Gobierno Nacional, por negocios vinculados a las obras públicas, fue más fácil hacerlo renunciar, en marzo del 2006: Néstor Kirchner lo acusó de “violaciones de los derechos humanos”, luego de la muerte del policía Jorge Sayago tras una revuelta sindical.

Peralta soportó un paro policial que se extendió durante casi un mes. Ahora resiste la presión de trabajadores del sector público por aumentos salariales y sufre la asfixia financiera.

Cristina Kirchner pareció anoche, al hablar públicamente, preocupada por desmentir que el Gobierno Nacional esté detrás de una operación golpista contra el titular del Poder Ejecutivo santacruceño.

La situación es claramente complicada para Peralta. Pero no lo es menos para un gobierno nacional que, semana tras semana, recibe un nuevo reproche de provincias por la distribución de los recursos por parte de la Nación y que, para financiar al Tesoro, toma fondos de la Seguridad Social que, a su vez, les son extraídos a las provincias.

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