25 de December de 2010 00:00

Violencia e inseguridad

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José Ayala Lasso

Una de las características más lamentables de la controversia política en nuestro país es la ausencia de razonamientos y análisis de fondo sobre la cuestión debatida. Abundan las acusaciones, las descalificaciones, pero muy poco se dice para fundamentar una posición. El tema de la lucha contra la violencia es un ejemplo de esta actitud.

Todos estamos de acuerdo en que existe una situación intolerable de inseguridad, más aguda en las ciudades grandes, que afecta a todo el Ecuador. ¡Algunas estadísticas dicen que el 54% de los habitantes urbanos tienen uno o más familiares que han sido víctimas de asaltos! El Gobierno -una de cuyas responsabilidades primarias es ofrecer un clima de paz y seguridad- es el llamado a solucionar este problema. Ciertamente, debe contar con la cooperación de todos, especialmente de la ciudadanía, pero le corresponde ser el actor principal de las iniciativas y programas con esa finalidad.

Se necesita un plan global de acción, que incluya la expedición o reforma de las leyes, la modernización de las instituciones del Estado creadas para luchar contra el delito, comenzando por la Policía y la Fiscalía, la moralización de jueces y cortes para administrar justicia con eficiencia y rapidez, la humanización del sistema carcelario... y muchos etc., adicionales.

Sin embargo, ¿en qué ha consistido el debate público? En virulentos ataques a personas y partidos políticos acusados de haber aprobado leyes que ayer se consideraron buenas y hoy se critican y en culpar a otros por no haber podido cumplir con responsabilidades propias. Intentos de coordinación han quedado enterrados frente al primer obstáculo encontrado. Y, de manera cuestionable, se piensa pedir al pueblo que se pronuncie sobre generalidades, cuando se le ha venido dando ejemplo de violencia verbal y física durante ya casi cuatro años cumplidos.

En lo internacional, se interpreta de manera simplista el concepto de soberanía, para defenderse de explicables críticas. Cuando Costa Rica y Panamá afirman que la política de puertas abiertas a todos los “ciudadanos del mundo” establecida por el Ecuador está afectando la seguridad interna de otros países, se les responde preguntándoles, con sorna: “¿Acaso Costa Rica y Panamá ignoran que Ecuador es un país soberano?”. ¡Como si soberanía equivaliese a la voluntad incontrolada del Presidente de la República! Poco importan las consecuencias internas o externas de sus decisiones: ¡somos un país soberano!

¡Prepárese un plan de acción integral de lucha contra la violencia, con la participación de todos, y piénsese entonces en pedir el aval del pueblo al que, mientras tanto, se le habrá de dar el ejemplo de una conducta serena, sensata y fraternal!

Ese podrá ser un buen primer paso hacia el restablecimiento de la seguridad interna.

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