22 de August de 2010 00:00

Por violar la luz roja

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William Fisher

Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones señalaron que 79% de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras juveniles.

De las aproximadamente 47 000 personas deportadas a través del programa, desde su entrada en vigor en octubre del 2008 hasta junio del 2010, sólo 20% fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.

Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de Policía detener a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".

Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo.

Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo a IPS: "El mal llamado programa Comunidades Seguras es el nuevo esquema del Departamento de Seguridad Nacional para incluir a los policías locales en la aplicación de las leyes migratorias".

Francis Boyle, profesor de leyes en la Universidad de Illinois, dijo a IPS: "Esto es simplemente un ejercicio de prejuicio racial contra los latinoamericanos".

Los registros obtenidos por las organizaciones no gubernamentales "revelan una peligrosa tendencia", dijo el director ejecutivo de la Ndlon, Pablo Alvarado. "Este programa crea una explosión de medidas como las (implementadas en el sudoccidental estado) de Arizona, y cuyos resultados han demostrado ser desastrosos. Afrontamos la potencial proliferación del prejuicio racial, de la desconfianza hacia la policía , del temor y de la xenofobia", alertó.

El promedio nacional de deportados sin antecedentes es de 26%, pero esa cifra también varía ampliamente a lo largo del país.

Llega a 54% en Maricopa, cuyo sheriff, Joe Arpaio, recibe cientos de demandas por abusos a los derechos civiles y es investigado por el propio Departamento de Justicia por realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes. En una medida que expertos legales califican de inusual, ese Departamento amenazó con demandar Arpaio si no cooperaba en una investigación sobre su supuesto abuso de poder y acoso a personas de origen latino.

Esto amenaza exacerbar el enfrentamiento entre la administración del presidente Obama y la gobernación de Arizona.

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