Miguel Rivadeneira

Se vienen los ‘culpables’ de la crisis

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Parto de un hecho de vida coherente de siempre: las medidas de hecho no solucionan los problemas de una sociedad. Sin embargo, existe en el país un hastío por la situación interna. No ha habido voluntad política para rectificar, saber escuchar y procesar las demandas de los diferentes sectores, sin exclusiones ni descarte como invocara el Papa, y se acostumbraron a imponer todo.

Ejemplos sobran: el caso último de la imposición que se quiso hacer por la vía urgente, 30 días, para aprobar el aumento del impuesto a la ley de herencias y luego se dan cuenta que “ha faltado información”, pero siguen hablando en forma desafiante y con terquedad de un proyecto que ha merecido el rechazo mayoritario, que ha generado desconfianza y temores en las familias.

Esta administración hizo aprobar al pueblo el 2008 una Constitución que consagra el derecho a la resistencia (art. 98), que señala que los individuos y los colectivos podrán ejercerlo frente a acciones u omisiones del poder público. Empero, se ha criminalizado la protesta, como señalara el informe oficial del Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez (2007-2010) y Amnistía Internacional hizo un documento titulado “Para que nadie reclame nada”, en donde citara casos puntuales.
La intención de imponer las enmiendas constitucionales, vía Asamblea, para lograr la reelección y así seguir con el disfrute del poder, en medio de una galopante corrupción que se denuncia contra esta administración, sin el eficaz y oportuno funcionamiento de los entes de control, que genera impunidad. El caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo primer mandato constitucional (art. 208) es la lucha contra la corrupción.

La aguda crisis económica, que no se procesa en su real dimensión y que tiene sus responsables. Sin embargo, lo más fácil es endosar a los otros -llámense críticos u opositores del poder, encasillados como enemigos- y buscar chivos expiatorios de una realidad que camina inexorablemente. En parte, por la caída del precio del petróleo, pero también como secuela del manejo dispendioso de los enormes recursos que han contado, sin parangón en la historia. Un hecho último: la denuncia del rector saliente de Yachay, contratado por el régimen.

No pudieron mantener un fondo de contingencias para esta crisis como han hecho otros países responsables, incluso para enfrentar fenómenos naturales. Administraron en bonanza pero no han sabido gobernar en crisis económica, política y con reacciones sociales, con todos los riesgos que eso implica y que obliga a todos a actuar con responsabilidad. Esta situación va a buscar responsables y señalar a aquellos que han decidido hacer marchas y tomar medidas de hecho. No debe olvidarse que a las FF.AA. se les quitó la disposición de ser garantes del ordenamiento jurídico y junto con la Policía están obligadas a la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

mrivadeneira@elcomercio.org