Resulta paradójico, pero el Presidente de la República terminó acudiendo al Fondo Monetario Internacional para contratar más deuda pública. El jueves de la semana pasada, y basado en un manual del FMI, el Gobierno aumentó su capacidad de endeudamiento en unos USD 11 000 millones.
Y lo hizo vía Decreto, con lo cual esquivó los límites establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobado por el propio oficialismo en el 2010. El artículo 124 del Código puso un límite al endeudamiento, al establecer que la deuda pública no podrá sobrepasar, en ningún caso, el 40% del PIB.
En aquella época el peso de la deuda pública estaba en 19% y se pensaba que un límite del 40% era razonable, aunque no hubo ningún argumento técnico. Como ese escenario parecía lejano e improbable, incluso se creía que llegar a ese 40% era riesgoso. Por eso el mismo Código dice: “Cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal”.
Hoy, la deuda pública está cerca del límite (38,4%), pero el Gobierno no quiere saber de ningún plan de sostenibilidad fiscal y menos en una época de campaña electoral.
Para evitar un desgaste político al reformar el Código vía la Asamblea, el Presidente cambió, vía Decreto, la definición de deuda pública. Ahora se llama deuda “consolidada”, con lo cual ya no se registran las obligaciones entre entidades públicas, según el FMI.
¿Qué ganó con eso el Gobierno? Bajar el peso de la deuda al 26,7% del PIB y así tener un mayor margen para contratar más deuda.
¿Soluciona eso el problema de la deuda? No, porque el problema no era superar el límite del 40%, sino tener la capacidad de pagarla sin desequilibrar las finanzas públicas. Pero en el caso ecuatoriano la deuda pública se ha cuadruplicado en ocho años, tiene plazos cortos y paga tasas de interés cada vez más altas. Con el Decreto, el Gobierno anuncia más endeudamiento en las mismas condiciones.