16 de July de 2013 00:05

La vida de los otros, ¡todos!

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¿Hasta dónde puede considerarse legítimo el uso de los mismos medios de los que se valen las dictaduras, para defender la democracia? ¿Puede calificarse como traición lo que en realidad es una gran objeción de conciencia en favor de la defensa de las libertades y los derechos civiles? El caso Snowden no solo interesa por la enormidad y las consecuencias en la vida práctica de una operación de espionaje global. Interesa igualmente por cómo se ha hecho. Snowden fue agente de la CIA hasta el 2009, cuando se trasladó a Dell y posteriormente a Booz Allen Hamilton, una compañía privada, subcontratista de la National Security Agency (NSA). La distinción es importante si se tiene en cuenta que estos subcontratistas son una modalidad descarada de tercerización de la responsabilidad: técnicamente, el Gobierno les proporciona un mandato, pero no es responsable ni de lo que hacen ni de cómo lo hacen. Tampoco existen reglas para regular su actividad, un vacío muy calculado, en la que se mueven como mercenarios de una guerra global en un campo inesperado: el digital. A Snowden lo culpan de infringir la legalidad de una guerra sin reglas.

No existe ninguna convención internacional que regule el espionaje. Una excepción muy limitada son las convenciones de Ginebra que establecen ciertas garantías mínimas en tiempos de guerra para la protección de los espías en caso de captura, pero la existencia de Prism y de otros programas similares que graban y analizan las comunicaciones electrónicas de millones de personas muestra que el derecho internacional ya perdió completamente la conexión con la evolución tecnológica. Solo se han establecido reglas muy generales, como el "principio de no intervención", que prohíbe la injerencia indirecta o subversiva mediante actividades clandestinas, o como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Algunos Estados, como Brasil, y varias ONG han anunciado acciones legales. La Federación Internacional de Derechos Humanos presentó una demanda en Francia contra los proveedores de Internet que colaboraron con la inteligencia estadounidense. Se mueven en terreno desconocido. Naciones Unidas todavía no se pronuncia al respecto. Por la velocidad con la que ha reaccionado al caso de Guantánamo o de Siria, lo mejor será esperar sentados. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, señaló: "La gente tiene que estar segura de que sus comunicaciones privadas no están siendo indebidamente vigiladas por el Estado. El caso Snowden ha mostrado la necesidad de proteger a personas que divulgan información (...) sobre violaciones de los derechos humanos sin miedo de sufrir represalias". El chiste se cuenta solo. Además de reafirmarse en lo obvio, no se ha tomado ni una sola medida para proteger a este ciudadano "sin Estado". Probablemente, como sucedió durante el genocidio de Ruanda, se surtirán múltiples conferencias internacionales.

Ha trascendido que Colombia es el tercer país de América Latina más espiado. Millones de llamadas y comunicaciones electrónicas son interceptadas diariamente. El público reacciona confundido. La mayoría se reafirma pensando en que "si no hay nada que temer...". Es fácil renunciar a los derechos cuando el miedo se agita. Siga el consejo: tómese un cursito de inglés on-line y, en cada llamada, no olvide saludar a toda su amable audiencia.

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