13 de January de 2011 00:00

Otra vez, la justicia

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¿Qué pasa con la Administración de Justicia? Más allá de la coyuntura política, esta es la pregunta más importante a la que debe responder el país, el Gobierno y la gente. Mucha literatura, mucho discurso y abundante crónica roja han contribuido a confundir y a dilatar decisiones fundamentales, al punto que se convocará a referéndum para reformar la Constitución y emprender una nueva reestructuración, mientras en las cárceles se hacinan los presos, escalan los linchamientos, se abarrotan los juzgados y prospera la sensación de impunidad.

1.- El problema de fondo: independencia y eficiencia.- El signo más importante de los países civilizados es la independencia judicial, la autonomía y la categoría de los jueces, su respetabilidad y su idoneidad profesional. El tema es institucional, pero también es de calidad humana, de atrevimiento frente al poder, de capacidad moral para enfrentar, de integridad para decir no, para juzgar y sentenciar abstrayéndose de todo aquello que no sean los datos del proceso, el marco de la ley, la guía de la jurisprudencia, la sabiduría de la doctrina. Al mismo tiempo, está el tema de la eficiencia, de la prontitud y de la responsabilidad de las instancias de la Administración de Justicia para sugerir y remediar la enorme carga de leyes medievales, la insoportable tardanza en el despacho, la eternidad en la solución de los problemas, la rigidez no siempre atribuible a los jueces y así a la estructura, a la caducidad de las reglas, a la falta de voluntad para enfrentar los problemas, ventilarlos públicamente y resolverlos en beneficio de la comunidad, y no a favor del poder.

2.- La vieja historia: el interés coyuntural.- Penosamente, desde hace años, los cuellos de botella del sistema judicial han servido de excusa para que el poder político de turno meta la mano en las cortes y tribunales y “reestructure” la Función Judicial, sin más resultados que su progresiva degradación. La penúltima reestructuración, de diciembre del 2004, fue un capítulo preparatorio de la telenovela de la caída de un Gobierno. Desde mucho antes, estos episodios se han venido sucediendo: cada Asamblea Constituyente, dictadura o revolución de papel, como tarea política esencial, designaba cortes, tumbaba magistrados y acomodaba curiales y acuciosos servidores, que garanticen la paz del poder, es decir, el silencio de la justicia. Siempre ha sido ese un mecanismo de acción política, de control antes que otra cosa, e incluso, ha sido una estructura de persecución. Vieja y lamentable historia.

3.- La “insuficiencia” de la Constitución.- Sorprendente, por decir lo menos, después de las altísimas ofertas y expectativas que generó la Constitución de Montecristi, después de la llegada al cielo “neo constitucionalista”, humanista y socialista, resulta que todo aquello, al menos en los temas de Administración de Justicia, no sirvió para nada. Que, como siempre ha ocurrido, la realidad desbordó a las normas, que la literatura política y la retórica legislativa solo contribuyeron a profundizar la crisis del sistema judicial y a acentuar la inseguridad pública. Nada de eficiencia, nada de cambio. Nada de luz al final del túnel. Al contrario, la confusión universal. Y la justicia por mano propia –indígena y de la otra- como alternativa escalofriante. La insuficiencia de la Constitución nos pone frente al tema de que no era correcto legislar como se hizo, desoyendo las voces de la experiencia, suponiendo que las cosas son como yo creo, desfigurando la realidad con la ideología, hablando de juzgados y otras cosas sin haber jamás pisado uno de ellos. El problema es que en varios aspectos la Constitución del 2008 hace agua y aparece insuficiente y equivocada, como por ejemplo en el asunto del famoso quinto poder, en la notoria minusvalía y dependencia en que se colocó a la Legislatura, en la visión irreal y prejuiciada de la economía, etc. Ante semejante panorama de insuficiencias, ¿habrá que esperar, entonces, la correspondiente lluvia próxima de consultas populares reformatorias, dadas los candados que se puso a la Constitución manabita?

4.- ¿Democracia plebiscitaria?.- Lo que se acentúa, entonces, es la vía de la democracia plebiscitaria, es decir, el método de legislar preguntando a la gente y pidiéndole que vote sobre temas que usualmente no conoce, o que los conoce por la crónica roja, el comentario del vecino u otra fuente semejante. En la teoría, muy bonita la consulta: se hablará de participación popular, de Gobierno del pueblo, etc. En la práctica, los votantes terminarán avalando la tesis que más propaganda tenga a su haber, la que más coincida con sus primarias emociones, no importa si el tema de fondo y sus detalles se entiendan o no. No se trata de entender. Se trata de votar, de sumar decisiones. Igual ocurrió con el referéndum que aprobó la Constitución que ahora se quiere reformar: nadie leyó el texto, nadie, salvo algunos especialistas advirtieron sus numerosos errores, sus inconsistencias con la realidad, su ilusionismo, pero igual, se la votó. Y allí está.

5.- El recurso a la Ley.- Acá, y en América Latina en general, no logramos superar la ingenua convicción, esa “cultura del error”, de que la solución de todos los problemas se reduce la expedición de leyes, de reformas constitucionales. Primero, las decisiones legislativas usualmente son erróneas, porque las hacen y las deciden, salvo escasas excepciones, quienes nada saben de la materia, o saben de oídas. Ejemplo, las idas y venidas de las reformas penales. Segundo, porque no es suficiente legislar. Hay que lograr, con una acción persistente que las reformas “encarnen en la realidad”, por ejemplo, que el sistema oral en materia laboral no se liquide por la falta de juzgados y por la acumulación de causas. Que las audiencias de estrados dejen de ser un mal chiste donde los jueces o no atienden o se dejan ganar por el sueño. Tercero, que no se difunda desde el poder la teoría de la devaluación de la “ley burguesa” a ritmo de las últimas versiones del neo constitucionalismo criollo. Cuarto, que se legisle con prudencia, sin entregar a los jueces de ínfima instancia, potestades de toda clase, que luego se usan indiscriminadamente, y ante los cuales hasta el poder se asusta. Quinto, que pregunten a los que saben, a los que viven los dramas cotidianos en los juzgados, es decir, que se aterrice desde las alturas, despacio, pero que se aterrice.

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