12 de August de 2010 00:00

El veto por capricho

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Alfredo Negrete

Al día siguiente, desde Esmeraldas, el Presidente declaró el veto al proyecto de Ley de Educación Superior; es decir, menos de 24 horas de la ajustada resolución legislativa, previo a un acuerdo entre la mayoría oficialista y los representantes de la comunidad universitaria. Por supuesto fue notorio, en este entorno, que la oposición haya coincidido con el Presidente y que se convierta en una oportunidad política para que el general Paco Moncayo retome la ruta estratégica que lo codujo a dirigir las operaciones en el Cenepa.

El efecto político de esta declaración presidencial, de no ser desmentida a la prensa errónea que no es lo mismo que corrupta, revela de cuerpo entero el desamparo de la función legislativa, producido por la falsa interpretación del artículo 132 de la Constitución que confunde el verbo “considerar” por el de “resolver”. Como, si en el caso doméstico, fuera lo mismo demandar un divorcio y alcanzar inmediatamente el resultado.

El problema, por estas particularidades, no es jurídico sino político, pues significa que la mayoría oficialista está desafinada de la apertura gubernamental, que no existen los mismos lazos comunicacionales respecto a las órdenes de Carondelet como sucedió con las reformas petroleras; o que los responsables de trasmitir ‘los encargos a García’ -Rowan en la guerra de EE.UU. contra España en 1898- no resultan o, en último término, que hay díscolos que no entienden de las consecuencias de su insubordinación como sucedió en el caso del juicio político al Fiscal General de la Nación.

En cuanto a la Ley de Educación Superior, la situación es muy grave, pues su aprobación no fue consecuencia de un acuerdo político sino social. El consenso se logró con las universidades que no votan, pero que son parte de las comunidad nacional; es decir, fue uno ejemplo de participación ciudadana que tanto se proclama en las sabatinas ordinarias y en la mayor que se produjo ante un estupefacto país que hizo las veces del Conde Ruiz de Castilla luego del 10 de Agosto, para responder al año siguiente en el mismo mes, que recientemente fue festejado con algarabía y no con respeto.

Por ese motivo, logrado el acuerdo sobre la legislación sobre educación superior, resulta que no vale, pues por una enorme y ‘ estúpida’ -no existe otro término-, deformidad constitucional se permite que el Presidente pueda imponerse sobre los 63 votos que aprobaron un proyecto, pues son indefensos ante 83 para rechazar su objeción.

En consecuencia -dando inútilmente consejos al pasado- a los entonces constituyentes hay que revelarles que la ‘muerte cruzada’ no estaba en urnas sino en la aprobación de las leyes. Por tanto, la pregunta es, con respeto, si en la ciudad de Alfaro, fueron ingenuos o idiotas.

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