Farith Simon

La vergüenza de ser…

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21 de October de 2013 00:05

De cierta forma, lo sucedido en estos días en la Asamblea Nacional fue sorpresivo; no es usual ver a la mayoría parlamentaria haciendo públicas sus discrepancias sobre los proyectos de ley "oficiales". Probablemente en privado debaten mucho, se enfrentan en defensa de sus convicciones, ejercen el pluralismo, reivindicado por sus miembros cuando dan declaraciones a los medios.

En la práctica, la elaboración de proyectos de ley sigue un guión bastante claro, que ahora conocemos, se llama "el hexágono": se reúne el Ministerio -que corresponda-, los de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, los representantes de la Asamblea, y ya, está el proyecto.

Los asambleístas lo "socializan", reciben a los interesados, técnicos, cabildeadores. Primer informe, algunos cambios, poco margen de acción, los textos están "consensuados". Segundo informe, segundo debate, discursos, unos cuantos aportes para "mejorar" las propuestas, varias comisiones generales, todo está listo, está aprobado. Para lo inesperado siempre existe el veto. Un ejemplo de democracia participativa.

En el partido de Gobierno acordaron mantener, en el Código Orgánico Integral Penal, las normas sobre la interrupción voluntaria del embarazo vigentes desde el año 1938, que no castigan el aborto voluntario cuando se lo hace para evitar un peligro para la vida o salud de la madre; o cuando el embarazo proviene de una violación a una mujer "idiota o demente".

Un grupo de asambleístas de AP decidió proponer un mínimo avance para los derechos de las mujeres, no despenalizar el aborto en todos los casos, pero sí cuando el embarazo sea resultado de una violación. Esto encendió las alarmas partidarias de inmediato. A ojos del líder las proponentes se convirtieron en miopes políticas, desleales, traidoras que defienden agendas propias. Sus colegas no las defendieron ¿Cómo se atreven a plantear asuntos morales cuestionables? ¿Cómo pueden enfrentarse a las convicciones de quien ejerce el poder? Inaudito.

El Ecuador aprobó hace cinco años que el Estado sea laico (obligación de guardar neutralidad); que tengamos libertad de pensamiento, conciencia y religión; que podamos vivir de acuerdo a nuestra opción sexual; que la diversidad de formas familiares esté protegida; y que podamos decidir cuándo y cuántos hijos tener.

Nadie debe avergonzarse por ser heterosexual, católico o creer en una forma tradicional de familia; tampoco por ser homosexual, lesbiana, transgénero; por no ser católico; o por formar parte de una familia diferente. Ni unos ni otros son superiores o inferiores y, obviamente, no deberían usar el poder del Estado para imponer sus opciones de vida, sus creencias.

Las grandes perdedoras, además de las osadas asambleístas, son las mujeres que sufran una violación; en caso de quedar embarazadas serán doblemente victimizadas, abusadas y amenazadas con la cárcel.