Pequeños robos de quienes se presentan como modelos de la sociedad, indignan más que el robo del siglo. Las telenovelas de la corrupción, suelen tener mal final porque se prolongan indefinidamente hasta que el público se aburra y olvide, es un formato deliberado para asegurar la impunidad. Hay dos telenovelas de corrupción, una internacional y otra nacional que provocan indignación.
El culebrón internacional tiene que ver con 86 directivos de Caja Madrid, pillados robando unos dinerillos adicionales, más allá de los sueldos mensuales de 40 000 dólares o más. Estos señores disponían de tarjetas de crédito, no declaradas, con las que pagaron viajes, hoteles, joyas, obras de arte, vestidos, vinos y golosinas por 20 millones de dólares.
Los más “avispados” evitaban dejar rastro sacando dinero en efectivo.
El nombre oficial es Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid y fue establecida para asistir a los pobres ofreciéndoles crédito sin intereses con la presentación de joyas o vestuario como prenda. Por ser fundación sin fines de lucro no puede tener un gobierno profesional y es gobernada por un consejo compuesto por delegados de los partidos y los sindicatos. Y siguiendo el principio de que hay que pagar bien para que no roben, les asignaron sueldos generosos a una multitud de consejeros y directivos.
Uno de los angelitos pillados se llama Miguel Blesa, encarcelado por un escándalo de corrupción, salió a las 12 horas pagando una fianza de más de tres millones de dólares. Apresado nuevamente por otro escándalo, volvió a salir libre porque se anuló el caso judicialmente. Para vergüenza ajena es el caso de Irazo Martín, miembro de la Comisión de control, quien pagó con la tarjeta invisible desde lencería hasta zapatos; ¿cómo podía controlar a los demás si no se podía controlar a sí mismo? Todos estos señores son modelos de ética y educación, expertos, consejeros y analistas. Ninguno ha pisado la cárcel.
El caso nacional es más pequeño porque el país, los protagonistas y la información disponible son pequeños. Se trata del pago de seis millones de dólares, en un año, a la empresa McSquared, para que haga relaciones públicas en Estados Unidos. La empresa es dirigida por una exfuncionaria ecuatoriana y está localizada en Brooklyn. Seis millones es mucho dinero incluso para las enormes y millonarias empresas norteamericanas especializadas en “lobbying” y con oficinas en Manhattan, por eso la Embajadora se lavó las manos señalando que firmó el contrato por pedido de la Secretaría de Comunicación.
Aquí y en España corre el plazo corto que dura el escándalo. La sociedad, indignada, no aceptará que los organismos de control actúen como bomberos, exigirá que los jueces y funcionarios encargados, que cobran sueldos generosos, cumplan su tarea de vigilancia con lupa en mano, no con gafas de soldador.
Lolo Echeverría / lecheverria@elcomercio.org