22 de August de 2010 00:00

Venta de empresas

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Gonzalo Maldonado Albán

Durante los últimos días se han escuchado varias cuñas radiales del Gobierno anunciando la venta de las empresas confiscadas por la Agencia de Garantía de Depósitos. Los anuncios publicitarios enfatizan la posibilidad de que los propios trabajadores de aquellas compañías compren hasta el 30 por ciento de las acciones.

En principio, este anuncio es positivo porque entre los activos incautados están grandes unidades productivas, como el grupo Ecudos; una cantidad significativa de bienes raíces; y canales tan importantes como TC Televisión.

La venta exitosa de las empresas incautadas es de trascendental importancia para el país por varias razones: (i) para terminar de pagar a los depositantes que no pudieron recuperar su dinero luego del feriado bancario; (ii) para incentivar la, hasta ahora, reducida participación del sector privado en la economía; (iii) para promover una mejor redistribución de la propiedad; (iv) para que no se siga utilizando políticamente a los medios de comunicación incautados.

La iniciativa de vender acciones a los trabajadores de aquellas empresas es buena, aunque inequitativa, pues esta oportunidad de inversión debería extenderse a todos los ecuatorianos. Las bolsas de valores tienen mecanismos para vender acciones al menudeo y asegurar, de esta forma, que la propiedad esté distribuida entre la mayor cantidad posible de personas.

Otro tema clave es la venta del paquete accionario mayoritario de cada empresa. El Régimen debe entregar la operación de las compañías incautadas a grupos empresariales altamente calificados en sus respectivas industrias. Esto permitirá no solo la supervivencia económica de las compañías que sean vendidas, sino también que mejoren los productos o servicios que ellas ofrecen.

También se debe evitar que en este proceso de venta pasemos de un monopolio público a un monopolio privado -ambos son igual de malos- pues aquello provocaría una pérdida enorme de bienestar para los segmentos más débiles de la población.

El precio de venta de las acciones es el tema más sensible de todos. Como es lógico, el Gobierno querrá vender al precio más alto posible para maximizar sus ingresos. (Sobre todo ahora que tiene tanta necesidad de dinero). No obstante, sería bueno que estudie casos -como el de British Telecom- en los que el Estado no vendió al precio más alto porque compensó esa reducción inicial de ingresos con los impuestos que después recolectó por los altos rendimientos que esas empresas alcanzaron gracias a que fueron vendidas a buenos operadores.

Si se manejan estas variables adecuadamente, el Gobierno pudiera anotarse un punto a su favor y hacer un gran servicio a la sociedad ecuatoriana.

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