Ricardo Hausmann

Venezuela: justicia sin fronteras

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Mientras la catástrofe humanitaria de Venezuela empeora día tras día, los gobiernos de la región y de otros continentes se preguntan cómo responder. Quizás haya llegado el momento para que la sociedad civil invente nuevas formas de intervenir.

De acuerdo a las estimaciones del “Billion Prices Project” de MIT, la inflación en alimentos en el mes de enero alcanzó el 117,6%, o el equivalente a 1.130.000% al año. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se depreció a una tasa anual de más del 700.000%, mientras que el poder de compra real de los salarios –el cual apenas representaba 1.400 calorías diarias en diciembre– se decimó aún más. Una encuestapublicada a principios de enero estimó la emigración reciente en cuatro millones de personas, casi igual al número de personas que se han ido de Siria.

Los gobiernos de Las Américas y de Europa se encuentran en terra incognita. Si el problema se tratara simplemente de violaciones flagrantes a la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos –certificadas de manera convincente por el Secretario General de OEA, Luis Almagro– se podrían considerar soluciones a ser implementadas en meses o años. Pero Venezuela no representa un simple problema político; es una catástrofe humanitaria cuyas proporciones no tienen precedentes.

Es cierto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejerce el poder de modo inconstitucional, basándose en decretos de emergencia y en una asamblea constituyente todopoderosa, monopartidista, establecida ilegalmente, mientras ignora a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y prohíbe los partidos políticos de oposición. Pero las consecuencias de este desgobierno son tales que los venezolanos se están muriendo de hambre, el sistema de salud ha colapsado, y la violencia y las enfermedades contagiosas están ahora prácticamente fuera de control.

Bajo estas circunstancias, el tiempo –medido en vidas humanas– tiene un costo intolerablemente alto, motivo por el cual hace poco tiempo propuse una solución política que involucraba la asistencia militar internacional para consolidar a un nuevo gobierno nombrado por la Asamblea Nacional.

Algunos países latinoamericanos, comenzando por Brasil, rápidamente emitieron declaraciones indicando que esta opción está fuera de juego.

Algunos académicos y medios de comunicación también expresaron su oposición a esta idea.

Sin embargo, nadie ha propuesto una solución mejor, salvo la esperanza de que las sanciones individuales lideradas por Estados Unidos o un embargo petrolero tengan éxito. A medida que la situación empeora, todos tendrán que reconsiderar sus opciones. Sencillamente, no han logrado formular una alternativa efectiva que sea más aceptable.