Julio E. Muñoz

Venezuela y la libertad de prensa

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Como consecuencia del reciente proceso electoral en Venezuela, se abre una serie de interrogantes sobre la situación de la prensa y los periodistas en ese país.

Mientras aún no se apagan los gritos de la euforia electoral, que por primera vez se revirtieron terminando con la mayoría abrumadora que disfrutó el gobernante partido socialista por 17 años, la pregunta es ¿qué hará ahora la Asamblea Nacional en manos de la oposición? Cuál será el efecto inmediato de la tenaz lucha por el control de los medios en este país, que han sido perseguidos y acallados durante las dos últimas décadas.

Todo el mundo mira a Conatel, el organismo censor oficial, que ha aplicado con criterio político una cuestionada Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios. ¿Qué hará ante la orden de la Asamblea saliente de otorgar la licencia de Radio y TV del Congreso a sus trabajadores? Indudablemente el gobierno de Maduro pretende mantener el control de este medio, ya que supone que los trabajadores serán más afines a sus intereses, que la nueva Asamblea.

Algo inmediato, y que la nueva Asamblea Nacional debe discernir, es la política sobre la distribución de papel prensa para los diarios. La mayoría de los consorcios periodísticos venezolanos ha debido disminuir su circulación, debido a la estrategia gubernamental en el reparto de este insumo. Habrá entonces que observar si esta forma de controlar el flujo informativo cambia y se erradica.

Otra interrogante tiene que ver con la expropiación masiva de los medios de comunicación. Periódicos independientes y canales de TV han sido acallados con una orquestada política de presión que asfixia a los medios y los obliga a cambiar la propiedad. Esta es una fácil operación de testaferros que apegados a intereses gubernamentales han conseguido tomar el control de los principales voceros del país.

También son problemas inmediatos el encarcelamiento de periodistas y de tuiteros, que en muchos casos enfrentan penas de hasta siete años; o el del mismo Leopoldo López, que está condenado por haber expresado sus opiniones.

Queda, mientras tanto, una larga lista de temas relacionados con la prensa que hay que resolver. ¿Respetará, por ejemplo, la nueva Asamblea Nacional la resolución de la Corte Interamericana que dictaminó que se debe restablecer la frecuencia y devolver Radio Caracas TV a sus dueños originarios? ¿Será posible que los organismos rectores del mundo periodístico como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH puedan contar con el beneplácito para cumplir con su rol fiscalizador? ¿Cómo se enmendará la tendenciosa ley de las concesiones radiales y de TV que el Gobierno ha usado como arma para controlar los medios audiovisuales? ¿Habrá más respeto y más independencia?
*Profesor Visitante en Libertad de Expresión en el College of Law de American University, en Washington, DC