Francisco Carrión Mena

Venezuela: democracia y DD.HH.

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La semana pasada se cumplieron tres años de detención del dirigente político venezolano Leopoldo López, acusado de instigar manifestaciones contra el gobierno de Maduro que terminaron con actos de violencia. A todas luces, junto con otros, este es un claro caso de prisión política. El señor López cumplía funciones alcaldicias y militaba activamente en movimientos de la oposición. Hacía política activa pero no cometió delito alguno.

Con motivo de esta conmemoración ha habido protestas en Caracas y en otras ciudades. Aparte de movilizaciones ciudadanas, dos figuras políticas destacadas de España, de orillas ideológicas diferentes, Felipe González del PSOE y José María Aznar del PP, han hecho pública, en un inusual acto conjunto, su condena y han demandado la liberación de López. Otros líderes políticos y personalidades han hecho similar pronunciamiento.

Pero se han hecho también declaraciones oficiales individuales de presidentes en ejercicio como Macri en Argentina, Trump en Estados Unidos, Rajoy en España llamando a la liberación del detenido.

Que ciudadanos que no se representan sino a sí mismos o a instituciones particulares hagan saber su opinión es conveniente y legítimo. Pero que presidentes que representan a sus estados es discutible en tanto rozan el principio de la injerencia en asuntos internos de otros estados y ayudan a “justificar” el rechazo de Maduro.

Con esto no quiero decir que se queden impávidos frente a las injusticias que se cometen en Venezuela, no, lo que pido es a que, para tener mayores posibilidades de éxito, lo hagan coordinadamente a través de organizaciones mundiales y particularmente regionales. De manera individual y aislada no conseguirán su propósito. Es a través de estos organismos, que son a su vez mecanismos transversales en los que participan los países de América Latina incluyendo Venezuela, que deben formular su condena y demandar la liberación de los presos políticos. Esas instituciones tienen instrumentos, Cartas, procedimientos precisamente para abordar casos de violación de la democracia y los derechos humanos. Y el caso de López y de Venezuela afecta precisamente estos últimos. Que un país lidere la causa dentro de una de estas organizaciones.

¿Dónde está la OEA y su Carta Democrática? ¿Y la Unasur -acéfala y en crisis actualmente-? ¿Y la CELAC, supuesto ejercicio para defender la democracia y los derechos humanos en la región? Estos y otros procesos de regionalización aparecen apagados e indolentes ante lo que ocurre con Leopoldo López y otros presos políticos en Venezuela.

Se requiere menos declaraciones y más acción conjunta que sin necesidad de ser pública dé los resultados que América Latina espera.