Otra vez aparece Venezuela en los titulares de la prensa mundial y las causas son igualmente irritantes y causan desobligo.
La noticia del fin de semana es la ratificación de la condena del dirigente opositor y ex precandidato presidencial Leopoldo López a 13 años de prisión.
El delito: levantarse contra el oprobioso sistema de represión y abuso que ha instalado el poder autoritario de Nicolás Maduro.
La condena: 13 años de privación del libertad, además de injusta, a todas luces desproporcionada. Así actúan, coludidos, los sistemas donde la justicia no es independiente y atiende a las órdenes de un solo poder concentrado como ocurre en el modelo que implantó el chavismo en Venezuela.
Nadie desconoce que tanto los gobiernos de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro (PSV) ganaron elecciones y gozaron de respaldo popular y, aun cuando las opciones de revisar el conteo de votos fueron bloqueadas por otro poder – el electoral – sospechoso de estar bajo control del Ejecutivo, esa realidad instalada que ha llevado al colapso.
El Régimen ha pasado por encima de la libertad de expresión, varios dirigentes opositores están presos y los derechos humanos han sido pisoteados. Maduro y su partido perdieron las elecciones legislativas y la mayoría opositora busca un referendo para revocar el mandato presidencial y lograr nuevas elecciones.
Otra vez el manejo político dependiente del poder interfiere para dar paso a la recolección de firmas pero ha extendido las sábanas al punto de patear la pelota de la consulta popular al año siguiente para evitar, como se presume, si la oposición logra la revocatoria que el PSV abandone el poder. Entonces vendría una sucesión del vicepresidente y no una nueva elección.
Todo amañado, todo arreglado, todo controlado, el Consejo Electoral y la justicia.
Cuando esto se acabe, si a López le dieron 13 años de prisión, los responsables de esta situación deberán pagar caro sus abusos.