León Roldós

¿Por qué USD 40 millones?

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27 de July de 2011 00:02

Los USD 40 millones que por indemnización de daños y perjuicios fija el juez Juan Paredes contra Emilio Palacio, Carlos, César y Nicolás Pérez y la C.A. El Universo, por la columna ‘No a las mentiras’, de Palacio, de febrero 6 del 2011, es más que un chispazo de ocurrencia pícara, porque es la rebaja del mínimo de 80 millones, planteado por los abogados del presidente Correa.

La base del cálculo está declarada explícitamente en la sentencia, en la página 152. Es la suma de los presupuestos del Estado de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 que, según Paredes, asciende a USD 80 000 millones.

La exigencia del querellante es que se fije uno por mil sobre esa suma de presupuestos. La piedad del juez Paredes con los condenados es que solo sea el medio del uno por mil, o sea USD 40 millones.

¿Por qué la suma de cinco presupuestos anuales del Estado?

O sea si Correa querella a alguien el 2013 ¿habrá que sumar los presupuestos de siete años?

Mientras más petróleo se venda, más se endeude el Ecuador, más tributos se establezcan y más se recaude, iría elevándose la pretensión indemnizatoria presidencial. Diez querellas similares colocarían al Presidente Correa entre las sesenta fortunas más grandes de América Latina, cero Impuesto a la Renta.

¡Qué efectiva mordaza a quienes contradigan a Correa!: indemnización calculada sobre la suma de presupuestos de los años que Correa sea Presidente.

Absurdo ético y jurídico es pretender calcular daños y perjuicios sobre la base de la suma de los presupuestos del Estado de los años que Correa ejerce el poder.

En materia de indemnización penal hay la que corresponde pagar a los imputados y condenados que se agrega a la pena, pero deben probarse los daños y perjuicios. Probarse no significa inventar una improcedente base de cálculo, como la acogida por el juez Paredes. El monto de cinco años de presupuestos del Estado nada tiene que ver con los posibles sufrimientos de daños y perjuicios de Correa; y no constituye prueba alguna. Y hay en lo civil –que no es la vía que se está siguiendo en el caso- lo que se llama la reparación de daño moral, en que se manda que el juez tenga prudencia en determinar el valor de la indemnización.

El Presidente y sus abogados han dicho que no van a apropiarse de los USD 40 millones que reclaman, porque serían donados para la propuesta que se mantenga bajo tierra el petróleo en el proyecto Yasuní. Eso confirma que no es que se busca una reparación de daños y perjuicios, no cuantificados ni probados, sino una confiscación con ropaje de daños y perjuicios.

Se está infectando el proyecto Yasuní, pretendiendo acrecentarlo con el producto de una confiscación. Quienes hayan pensado en donaciones para ese proyecto lo repensarán.