José Ayala Lasso

De las urnas a las calles

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En un Estado democrático, el pueblo elige a sus autoridades depositando su voto en las urnas. Lo debe hacer de manera periódica, libre, justa, directa y secreta, sin impedimentos ni condiciones. El pueblo es el soberano y su voluntad orienta y da sentido a las decisiones colectivas. El Gobierno elegido recibe el mandato de trabajar por el bien común, sometido a la ley y a la ética. La legalidad es la sujeción a la ley. La legitimidad, en cambio, está dada por el respeto a los principios y valores que inspiran a una sociedad. Una decisión democrática debe ser legal y legítima.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana reconocen que la voluntad del pueblo, expresada en elecciones libres, es la base de la autoridad del poder público.

Cuando el pueblo acude a las urnas cumple un deber y ejerce un derecho, dentro de un marco jurídico. El gobernante elegido debe respetar la ley y no acomodarla o interpretarla según sus intereses. Lamentablemente, no es infrecuente el caso de quienes consideran que las leyes limitan sus facultades y se oponen a su proyecto político. Las reforman entonces, con el apoyo de sus incondicionales. Asumen, en la práctica, todos los poderes: controlan la justicia, la legislatura, la seguridad, la diplomacia, el rol de las Fuerzas Armadas. Proclaman que no les interesa el poder mientras más ilimitadamente buscan ejercerlo. Se pronuncian hoy en favor de la reelección indefinida cuando ayer la reconocían contraria a las prácticas democráticas. Temerosos de que el pueblo desautorice sus desafueros, le niegan escandalosamente el derecho de pronunciarse sobre trascendentales reformas estructurales del Estado mediante argucias procesales y sostienen que la legislatura, representante del pueblo, basta y sobra para decidir al respecto. Solamente les falta un paso más que darán, sin duda, en un momento de conveniencia: obtener que sea la mansa legislatura la que, cada cuatro años, reelija a la autoridad, evitando la censura directa del pueblo en las urnas.

La prensa internacional informa que Putin afronta el riesgo de un golpe de Estado en Rusia, porque ha cerrado todas las vías a la expresión de la voz del pueblo. Los autócratas creen que su voluntad debe prevalecer siempre y ahogan las disidencias populares con maniobras legales y políticas.

Ante tal perspectiva, al pueblo no le quedará otro recurso que poner su mirada en las calles. Las llenará entonces con su voz altiva de protesta y de reclamo, hará temblar a las deshonestas estructuras del poder forjado en la ilegalidad y la ilegitimidad. Nacerá así una voz atronadora que retumbará en calles, plazas, campos, selvas y mares y que expresará el descontento popular y pondrá en práctica el derecho a la rebelión.

Advertirlo no es propiciarlo.