Carlos Larreategui

Universidades criminales

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16 de January de 2013 00:01

El pasado domingo, diario EL COMERCIO publicó una entrevista al Dr. Arturo Villavicencio, ex presidente del Conea durante este Gobierno, que denuncia el lamentable giro que ha tomado la política pública de educación superior y los graves errores conceptuales que sirven de premisa para regular la universidad ecuatoriana. Villavicencio es un académico muy respetado que fue escogido por el Presidente para dirigir el proceso de evaluación y categorización de las universidades y emitir el informe que determinó el cierre definitivo de algunas de ellas.

Aunque prefiere no señalar nombres, resulta evidente que Villavicencio lanza sus críticas contra René Ramírez y su grupo. Los acusa de aislarse de la realidad y asumir el rol de gendarmes con el fin de “castigar, controlar y vigilar a la universidad ecuatoriana”. Habla también de la grave desvalorización de los auténticos PhD y reprueba la forma en que fueron reubicados los estudiantes de las universidades “E”, con claro atropello a su libertad de elección. Finalmente, se declara incapaz de comprender el famoso dogma del “buen vivir”, aquella incomprensible vulgata que nutre la visión del Senescyt.

Los cuestionamientos de Villavicencio adquieren especial relevancia por tratarse de un académico muy sólido y un ex colaborador cercano del presidente Correa y del secretario de René Ramírez. Sus puntos de vista confirman las advertencias formuladas en su momento por el sector universitario y demuestran los dogmas –contrarios, por definición, a la esencia universitaria- que determinan las decisiones y acciones de los órganos reguladores. En un artículo publicado hace varios meses bajo el título “Utopismo y Coerción”, este autor señalaba: Más grave que la utopía, sin embargo, es el autoritarismo que los órganos reguladores exudan por todos sus poros. Los reglamentos dictados adoptan la coerción y la amenaza como elementos centrales.

Ningún sistema universitario de calidad se ha construido sobre la base de imposiciones y terror. La buena academia se erige siempre sobre una plataforma de cooperación y compromiso entre los diferentes actores del sistema. Este principio se torna particularmente relevante cuando los responsables de la educación superior no tienen experiencia en la gestión universitaria y confunden fácilmente la realidad con la fantasía.

Es lamentable que un problema tan serio como el de la educación superior no forme parte del debate político actual y que los candidatos a la Presidencia y Asamblea Nacional no lo incluyan entre sus propuestas centrales. La próxima legislatura debería reformar radicalmente la Ley de Educación Superior impuesta por Alianza País y promulgar un conjunto de normas que privilegien la cooperación y confianza y no persigan a las universidades como si fuesen auténticos criminales.