Un hecho condenable

EDITORIAL CONJUNTO
Grupo de Diarios de América

El secuestro de tres miembros del equipo periodístico de EL COMERCIO de Ecuador a manos de una supuesta disidencia del exgrupo guerrillero de las FARC, que se sometió a un proceso de paz con el Gobierno colombiano, ha merecido el más enérgico rechazo de la sociedad en su conjunto. A esa condena se suma la del Grupo de Diarios América (GDA), que reúne a otros 11 periódicos líderes de América Latina –del cual también formaron parte nuestros colegas de EL COMERCIO– y que en todo momento han abogado por un ejercicio periodístico exento de presiones y amenazas contra la libre expresión y la libertad de prensa.

El periodista Javier Ortega, el camarógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segura se encontraban el 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas, zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, desarrollando investigación relacionada con el deterioro del orden público cuando fueron abruptamente retenidos por hombres armados. A partir de entonces, su desaparición se convirtió en un tema de relevancia local y regional que no puede pasar inadvertido. Ni los periodistas plagiados ni ninguna otra persona, no importa su condición social, pueden ser objeto de tal vejamen.

El periodismo es un ejercicio que aboga por las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos, la defensa del bienestar común y la democracia. Su misión histórica ha sido y seguirá siendo la de proveer información veraz y oportuna. No se puede servir de él como sujeto de intermediación para la reivindicación de causas de ninguna especie que, de antemano, vienen cobijadas con el manto trágico e inhumano de la privación de la libertad.

Esta nota es reproducida por los 11 periódicos más representativos de la región, que exigen respeto a la libertad de prensa.

El GDA exige de los captores el respeto a la vida e integridad de los colaboradores de EL COMERCIO, al tiempo que reclama de las autoridades no cesar en el empeño de alcanzar su pronta liberación, sanos y salvos. Tal y como ya lo expresaron la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y varias organizaciones de periodistas de ambas naciones, se ha secuestrado a la prensa y se ha negado a la ciudadanía el derecho esencial de estar debidamente informada. Valga la pena este lamentable episodio para recordar que los ataques contra medios y comunicadores en América Latina no cesan. Amenazas, asesinatos, intimidaciones e intentos por acallarla siguen siendo la constante en países como México, Venezuela, Colombia, El Salvador.

Quienes abogan por sociedades libres e incluyentes y se apoyan en una institucionalidad lejos de toda sospecha han de ver en la prensa, más que un enemigo, un fiscalizador válido de sus acciones y un representante leal de las audiencias a las que se debe. En consecuencia, resulta imperativo que donde la amenaza es evidente se evite que más comunicadores y medios periodísticos se conviertan en las nuevas víctimas de la sinrazón del secuestro.

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