El ciudadano de América Latina, cuyos países integran el Pacto de San José de 1969, puede ser víctima de una confusión semántica cuando trate de identificar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión y a la Corte que tienen iguales propósitos pero en distintos ámbitos.
La Convención se suscribió en 1969 cuando se avecinaban en América Latina negros nubarrones de terror político. Los países de Centroamérica y los de sur del continente fueron donde se perpetraron los mayores crímenes. Y, aunque ningún país del área puede estar libre de tirar la primera piedra en esta cruel materia, hubo uno que se distinguió por no conocer masivas violaciones y ese país es el Ecuador, que ahora aspira a que se restrinja o neutralice el instrumento fundamental de la defensa de esos derechos como son las medidas cautelares de protección a las personas y a sus familias amenazadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido el órgano de confrontación jurídica y política entre los representantes del Estado y los defensores o víctimas de las violaciones. Parte fundamental de su accionar ha sido la posibilidad de dictar medidas preventivas de seguridad para las personas amenazadas. La base jurídica de esta facultad está prescrita en la Carta de la OEA, en su artículo 106, que es del siguiente tenor: “Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”.
Esta disposición es obligatoria para el Ecuador como miembro del organismo, así como el Reglamento de la Comisión que precisa que medidas cautelarles, con la debida oportunidad, pueden preservar la vida y el patrimonio de las personas del continente.
Lo extraño radica en que los gobiernos que hablan de los derechos, de las constituciones garantistas y proclaman a los héroes ancestrales, a los que resistieron la opresión en la Colonia o comandaron nuestros ejércitos libertadores sean a quienes les incomode que se vigile y precautele a quienes pueden ser víctimas de violencia en sus propias naciones.
La cita internacional de los miembros del Pacto de San José en Guayaquil se desarrolló dentro de los parámetros convenidos. Hubo un intenso diálogo y quedaron capítulos importantes a debatir en la Asamblea General de la OEA del 22 de marzo. Lo único que no fue registrado como parte de la agenda fue el tema de las medidas cautelares. Es muy difícil para la mayoría de los gobernantes decirles a sus pueblos que firmarán la eliminación real o tácita de una entidad que está pronta a proteger sus derechos antes que los del Estado. Para el Ecuador el caso de los hermanos Restrepo, Consuelo Benavides y otros, no hubieran terminado con una sentencia de la Corte sin el trabajo de investigación de la Comisión.