Enrique Echeverría

Trato diferente

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12 de May de 2014 00:01

En el mediano pasado regía una norma no escrita, pero de vigencia absoluta: el Alcalde y los concejales ingresan al Palacio; la política, queda afuera.

Esta regla debería imperar en el Concejo Municipal actual, toda vez que por la notoria preocupación política, hay clara diferencia en el alto poder en razón de las tendencias políticas y bloques: el del alcalde triunfante Mauricio Rodas, de Alianza País y del Movimiento político Creo. Si no dedican toda su preocupación a la ciudad y sus problemas, estos continuarán deteriorándose y los actuales elegidos perderán confianza pública.

Una de las situaciones mayores, a mi manera de ver, es el trato que los funcionarios deben dar a los ciudadanos. Ya tuvimos oportunidad de citar dos casos de maltrato en nota anterior, que afectan al ciudadano quien acude a una gestión y no halla solución a su reclamo. Al contrario, le envían a otra autoridad; esta a una tercera; vueltas y más vueltas, y al final, continúa perjudicado.

Hoy agregamos -de entre otros- el siguiente: en una transferencia de dominio, al pagar el impuesto se actualizaba la identidad del nuevo propietario en la base de datos del Municipio, y el bien aparecía ya a nombre del nuevo dueño. Ahora, esa propiedad vendida sigue en el Municipio a nombre del antiguo dueño y se debe realizar el trámite de "actualización catastral", con copia de escritura, certificado de gravámenes actualizado, pago de impuesto predial, copias de las cédulas de los nuevos propietarios. Tiempo mínimo: 2 meses, si hay suerte.

Cualquiera puede advertir que si se habla a otra persona, por humilde que sea, en tono alto y despectivo, esta reacciona y, por lo general, advierte que no le grite, que no tiene por qué soportar groserías. Los habitantes de Quito, de todo estamento, merecen atención amable y diligente. De otro modo, se alejan de la autoridad con resentimiento, que afecta a toda la estructura gobernante, aunque el Alcalde personalmente no tenga ese tipo de actitudes. Vienen las elecciones y acontece lo que ya aconteció el 23 de febrero: el ciudadano desahoga su frustración y resentimiento con el poder gobernante votando en contra.

Una Oficina de Quejas y Reclamos del Municipio, con personas independientes y con facultad para recibir quejas y hasta sancionar, es necesaria.

Si el Gobierno quiere instalar una Superintendencia para atender asuntos municipales, el frustrado ciudadano podría volver sus ojos a ella, siempre que le atiendan bien y le ayuden a solucionar sus peticiones.

En lugar de mucho hablar, la Municipalidad actual no solo debe actuar con obras materiales, sino con atención culta y esmerada a los ciudadanos, resolviendo sus innumerables dificultades. Que mañana no lloren lágrimas de cocodrilo por la autonomía municipal, que podría terminar como la autonomía universitaria.