Sebastián Mantilla

Traspié en la OEA

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27 de March de 2013 00:16

Para suerte de los ciudadanos del Ecuador y de América Latina, ha fracasado el intento del gobierno del presidente Rafael Correa de reformar el sistema interamericano de los derechos humanos.

Más allá de los argumentos ideológicos, tendenciosos y poco consistentes, ha quedado al descubierto la intención de un grupo minoritario de países de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos en función de intereses coyunturales.

El sistema y la convención americana de derechos humanos prevé medidas cautelares en el caso de darse situaciones de abuso de poder de parte de los Estados. Da la impresión que al Gobierno ecuatoriano le preocupa esto en especial, sobre todo en lo que pueda pasar a futuro en términos de derechos humanos. Tomemos en cuenta que el desenlace final del juicio entablado por el presidente Correa al Diario El Universo pudo haber sido distinto de no existir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se han dado cuenta de que no es suficiente controlar la justicia y el resto de poderes del Estado, sino que incluso hay que ir más allá. De ahí la intención de debilitar la CIDH, eliminando la facultad de dictar medidas cautelares, así como cambiar el modo de financiamiento y la ubicación de su sede.

No obstante, la resolución mayoritaria de la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido fortalecer el sistema de protección de derechos humanos y las relatorías especiales. La decisión de la OEA ha sido dejar a un lado las medidas regresivas planteadas por Ecuador y marchar hacia una mayor efectividad y transparencia.

De ahí que, si existen gobiernos que no están dispuestos a someterse a este marco normativo regional, es muy probable que tiendan a salir del mismo. Ecuador puede seguir el ejemplo de Venezuela, pese a las declaraciones del canciller Ricardo Patiño de seguir dentro del sistema.

El sistema interamericano de derechos humanos no protege los intereses de los gobiernos sino los derechos de sus ciudadanos. Ha servido para sancionar los abusos cometidos por las dictaduras militares y frenar las embestidas autoritarias de ciertos regímenes de izquierda y de derecha que les incomoda la democracia. Los gobernantes de la región que comulgan con la CIDH deberían tomar en cuenta que su agenda política debería estar supeditada a la protección de los derechos humanos. En este sentido, la convención americana de derechos humanos debe verse como parte de un sistema que resguarda a los ciudadanos de eventuales abusos de poder y como un instrumento clava sobre el cual debe sostenerse una democracia.

El traspié de la OEA debería al Gobierno llevarle a reflexionar profundamente y no insistir en tesis que ponen en cuestión su vocación democrática.