Enfoque internacional

Trasgresor de los DD.HH.

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Carol Delgado Arria
Embajadora de Venezuela

En su edición del 15 de diciembre, EL COMERCIO publicó un artículo firmado por el ciudadano Leopoldo López, titulado “Asalto a DD.HH. en Venezuela”, en el que acusa al Gobierno venezolano de violar sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos.

El señor López, activista político de la ultraderecha venezolana, se encuentra privado de libertad tras haber instigado mediáticamente a la comisión de crímenes contra personas y bienes de la República, y goza de todas las garantías del derecho al debido proceso, así como del derecho a la libertad de expresión. Y se le permite emitir sus opiniones políticas sin reparo, como lo prueba el artículo replicado por el rotativo ecuatoriano.

López no es un preso político. No son sus opiniones las que le llevaron a la cárcel, sino su participación probada en actos delictivos. Entre sus acciones criminales se cuenta su participación en el golpe de Estado del año 2002 contra el presidente constitucional Hugo Chávez. De hecho, la Policía de Chacao (municipio del cual López era alcalde), fue uno de los cuerpos de mayor injerencia en la represión brutal contra el pueblo que salió a la calle a exigir el retorno de Chávez y la recuperación del hilo constitucional. Posteriormente, participó en el sabotaje a la industria petrolera nacional, y, tras la derrota de esta táctica, reincidió al incitar a sus seguidores a las guarimbas, o desórdenes violentos adelantados por grupos tipo comando, entrenados a ese fin.

En febrero de 2014, junto a activistas políticos de la ultraderecha, como María Machado y otros, convocó una marcha para el día 12, bajo el lema: “La salida”. Por un lado, prepararon la manifestación, y por el otro, organizaron huestes violentas cuyas acciones (disponibles para quien quiera verlas en los registros televisados) provocaron la muerte de 43 venezolanos, millares de heridos y cuantiosas pérdidas económicas.

No es, por tanto, el señor López el vocero más apropiado para hablar de derechos humanos en Venezuela. Su estatura moral no alcanza para que su opinión en la materia pueda ser tomada seriamente en consideración.

Las familias de los 43 fallecidos durante el período de violencia promovido por López -hoy organizadas en el Comité de Víctimas de la Guarimba- estarán de acuerdo en suscribir este argumento.
López es un ciudadano legalmente imputado por la justicia venezolana tras cometer un acto criminal. Es, además, un infractor reincidente y promotor continuado de la violencia, responsable por la pérdida de vidas humanas y de preciados bienes de la nación. Es un delincuente que se encuentra siendo juzgado por las instituciones judiciales, con base en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Una nación ajustada a derecho y garante de los DD.HH. de todos sus ciudadanos tiene el deber de evitar que las facciones fascistas sustituyan la política por el caos y la violencia.