Abelardo Pachano

Transparencia pública

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14 de March de 2014 00:01

 La Constitución obliga a las instituciones públicas a la rendición de cuentas. Lo cierto es que esa disposición -como muchas otras- es letra muerta. ¿Han visto publicado algún balance de Petroecuador con su informe de auditoría? ¿Acaso el IESS ha publicado el suyo con los anexos y cálculos actuariales? ¿Por qué no lo hacen, pero sí se exige a las empresas privadas a hacerlo? ¿Tienen corona especial o sus cuentas no son claras? Ahí tiene el país dos ejemplos de las más representativas instituciones públicas que manejan un caudal inmenso de recursos que deben ofrecer información no solamente de carácter anual, sino mensual e incluso diaria. Pero la verdad es que salvo algunos funcionarios del Gobierno, los ciudadanos comunes desconocen la situación financiera, sus perspectivas y, más que nada, el destino dado a los recursos bajo su responsabilidad.

Luego de ocho años de gestión no existe excusa que justifique este incumplimiento jurídico y político. Las dos instituciones son claves en la gestión económica y su posible mal manejo, percepción derivada del ocultamiento de datos, tendrá impactos imponderables en el bienestar colectivo.

Por ejemplo, se sabe, por los cuestionamientos de los atrasados resultados oficiales, que el déficit actuarial del IESS es enorme y se ha multiplicado en los últimos años. Hay actuarios que lo ven como una amenaza a la propia supervivencia de la institución y ponen algunos cálculos cómo muestra de su fatalidad. Veamos uno: En el presupuesto del 2014, el IESS señala un gasto en pensiones de 2 412 millones de dólares. Si se lo compara con los 1 966 millones del año anterior, el incremento de 446 millones lleva a una tasa anual del 22.7%. ¿Es sostenible? Si las pensiones mantienen ese ritmo de crecimiento, para el 2017 deberían pagarse 4 600 millones, casi el doble de lo actual.

En pocas palabras se necesitarán 400 millones mensuales, que también es el doble de los aportes actuales de los afiliados al sistema de pensiones. ¿Cómo se obtendrán esos recursos? ¿Acrecentarán el valor de las aportaciones? ¿Cuántos cientos de miles o hasta millones de nuevos afiliados deberán incorporarse y, qué sueldos mínimos se requiere para cubrir esta necesidad? Las inversiones privativas suman 6 000 millones de dólares y entre afiliados y pensionistas hay 2.5 millones de personas. Es decir el IESS tiene apenas 2 400 dólares per cápita de ahorro. ¿Es adecuado para un estado financiero saludable? ¡O la cifra demuestra una precariedad preocupante! Hay dudas fundadas sobre la solvencia de esta institución. Por eso la afiliación obligatoria a los profesionales independientes, artesanos y otros, además de ilegal e inconstitucional, sólo se explica por esta penuria.

Y es justo pensar que esta es una muestra de lo que luego tendrá que venir.