Miguel Rivadeneira

A exigir transparencia y garantía

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Las dudas y suspicacias son plenamente justificadas cuando todos los organismos públicos, incluidos los de fiscalización, están controlados por el poder. Basta revisar sus integrantes para confirmar sus actuaciones. Por sus fallos, acciones y omisiones concretas se evidencian su sumisión, favoritismo y encubrimiento. Allí está la corrupción que se ha ido destapando durante esta administración y las tibias y demoradas sentencias por comerse cheques.

El jueves pasado, en el informativo matinal Contacto Directo de Ecuavisa, se escuchó claramente una propaganda de acciones proselitistas de integrantes (con sus nombres) del movimiento oficial, con la mención de entidades públicas (CNT, Registro Civil, Celec, Iess, Ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social), hecho que evidencia la forma como se usa y se abusa, pese a las expresas prohibiciones legales.

El artículo 219 de la Ley Electoral Código de la Democracia, aprobada en esta administración, prohíbe expresamente a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo.

El CNE aprobó la resolución 23-23-12-2015, que regula el control de la propaganda y el gasto electoral, pero curiosamente no incluyó expresamente el artículo 219, pero sí lo hizo el artículo 224, que obliga a los actores políticos que deberán reportar todos los gastos electorales, aún si estos fueren contratados con anterioridad a la convocatoria de elecciones. Es decir, para unos (los que no sean vinculados con el régimen) hay dedicatoria y para los oficialistas no existe mención concreta, pese a que la ley lo señala.

Según la resolución, el Consejo vigilará el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, en relación a la promoción y el límite del gasto electoral, así como de los actos de pre campaña o campaña anticipada y el uso de los recursos públicos con fines electorales en todos los niveles de gobierno. ¿Dónde están esos controles en lo que a los funcionarios y autoridades públicas se refiere? Esto resulta igual al escándalo de las miles de firmas falsificadas que se detectó en varias organizaciones políticas, incluido el movimiento oficial.

Por esto y otros hechos obliga a los ecuatorianos a despertarse y preocuparse, a exigir el respeto a sus votos, cualquiera que sea su preferencia, porque las garantías están en duda cuando incluso se han registrado en elecciones últimas el voto de muertos y la denuncia no desvirtuada de que migrantes que residen en el exterior votaron en las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014, de acuerdo con datos seguros del gobierno, cuando la Constitución y la ley solo les faculta en elecciones presidenciales y nacionales.

mrivadeneira@elcomercio.org