Miguel Rivadeneira

Tránsito: otro daño mortal

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La profundización de los males del transporte terrestre es otro retroceso y una herencia mortal del gobierno pasado, que pasa una factura casi a diario y que deja muertos, heridos y discapacitados en las vías. El presidente anterior en sus diez años de administración se peleó con todo el mundo, incluida la familia, con excepción de los gremios de choferes, a los que les atendió a cambio de respaldo político. Basta recordar los actos públicos con autoridades. Fue evidente y descarado que el movimiento político en el poder tuvo dos asambleístas dirigentes de la transportación. Es decir, jueces y parte.

En el anterior régimen se aprobó la Ley de Transporte Terrestre (agosto 2008), que sin duda fue un avance, pero no se ha aplicado a plenitud y poco a poco fue reformada en beneficio de los transportistas. Si bien su expedición fue importante, no arregla todos los problemas. Es un tema cultural y de comportamiento humano, no solo de los choferes de transporte público sino también de los particulares, que se refleja en los resultados: más del 90 % de accidentes obedece a la impericia e imprudencia de los conductores.

El gobierno, la ANT, la Policía y los municipios que tienen a su cargo este sector fallan en el control y las políticas de capacitación y prevención. Se incumple el art. 4 de la Ley que dice que es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en tránsito y seguridad vial. Se dispone la enseñanza obligatoria (incumplida) en los establecimientos públicos y privados en todos sus niveles temas relacionados con prevención y seguridad vial. Según el art. 5, el Estado controlará y exigirá capacitación integral, permanente, formación y tecnificación de conductores. Esto es letra muerta. Al contrario, en el gobierno anterior se flexibilizaron los controles. Se redujo la revisión vehicular anual de los buses. La entrega de licencias profesionales quedó en manos de los sindicatos, que ha proliferado sin la debida rigurosidad. Se eliminó la obligatoriedad del curso de capacitación de los conductores no profesionales. Hasta para saber cocinar obligan a hacer cursos, qué decir para quienes tienen la responsabilidad de preservar la vida de los pasajeros.

Por qué el Estado no evalúa a través de organismos profesionales independientes las condiciones y conocimientos de todos los conductores de transporte público y termina la alcahuetería con los gremios. Por qué no se restablece la obligación en la formación y capacitación de los conductores no profesionales y con ello se propicia una política responsable, eficiente y segura. Por qué no se evalúa periódicamente a todas las escuelas de conducción de profesionales y no profesionales y fundamentalmente se impulsa campañas de prevención de accidentes viales. ¡Basta de tantas víctimas en las vías!