César Montúfar

La transición

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@cmontufarm

Con reelección indefinida o sin ella, en medio de la grave crisis económica por la que atravesamos y luego del estado de propaganda que se ha impuesto en el país, en 2017, por primera vez desde que la revolución ciudadana llegó al poder, existe una posibilidad real de que el oficialismo pierda parte o todo el poder que ha acumulado en la última década. Una posibilidad, digo, que en realidad dependerá del juego de las fuerzas políticas y sociales en el próximo año y de cómo finalmente se desenvuelva el escenario electoral de 2017. Sin duda, el actual Gobierno cuenta aún con recursos políticos suficientes para mantenerse como la principal fuerza de la contienda, empero, a diferencia de 2009 y 2013, AP acusa problemas internos y externos y un claro agotamiento de su fuerza inicial y de su proyecto.

Aquello nos conduce a preguntarnos en el después. ¿Cómo se dará ese proceso; cuáles son las vías que nos conducirán al poscorreísmo?

Para responder estas interrogantes, lo primero que debemos reconocer es que la revolución ciudadana no ha sido un gobierno más en la historia ecuatoriana. Es decir, la alternabilidad no será un cambio como los que ocurrieron entre las administraciones anteriores, por ejemplo, entre Febres Cordero a Borja; o de Borja a Durán Ballén, que implicaron cambios de políticas pero no de modelos de Estado.

La revolución ciudadana implantó en el país un nuevo régimen político de corte autoritario, un modelo económico y social distintos, y su fin debe ser visto como un tránsito a la democracia. Pero con una diferencia fundamental: El correísmo es un tipo de autoritarismo electoral (no hay contradicción en los términos) que ha usado a las elecciones como mecanismo principal de legitimación. Por ello, el tránsito del correísmo a la democracia tendrá que surgir de elecciones y deberá ser la ciudadanía, en las urnas, la que dictamine su terminación.

Así, la situación ecuatoriana es distinta y similar a otras experiencias latinoamericanas. Es diferente a la actual coyuntura argentina, porque en ese país el fin de la era Kirschner no implica un cambio de régimen, pues en ese país, no obstante la vocación antidemocrática del kirschnerismo, han pervivido instituciones básicas de la democracia y del estado de derecho. Por tanto, en Argentina sí cabe la lógica de exclusivo recambio presidencial. En cambio, la experiencia ecuatoriana tiene más que ver con lo que hoy ocurre en Venezuela, en que el grupo gobernante demuestra una enorme capacidad de aferrarse al poder y cuestiona abiertamente el principio de alternabilidad. El correísmo aún no ha llegado a ese punto pero, en la medida en que su dominio tambalee, no tardará en hacerlo. Aquello nos coloca en una posición mucho más parecida a lo que vivieron países como Chile al fin de la dictadura de Pinochet o Perú al final del fujimorismo. Y es en ese esquema en el que deberíamos pensar el cambio político ecuatoriano, lo cual implica asimilar que no se tratará solamente sustituir al presidente, sino al modelo político y económico imperante; que no se requerirá únicamente de nuevas políticas, sino de otro Estado.