Una “trampa de liquidez” se produce cuando los agentes muestran una preferencia absoluta por dinero en efectivo. Solo quieren billetes y monedas porque la tasa de interés –que está en su nivel más bajo– ha vuelto indeseables a los depósitos de ahorro. Tampoco quieren invertir en bonos o acciones porque creen que los precios de aquellos activos llegaron a su techo, precisamente porque la tasa de interés no podrá seguir cayendo.
Se trata, pues, de un escenario hipotético en el cual los agentes no tienen ningún incentivo para guardar su dinero en el sistema financiero, sino solo en su billetera. Esa preferencia absoluta por ‘cash’ impide que los depósitos crezcan adecuadamente, afectando el crédito y la inversión y tornando inútil a la política monetaria para fomentar el crecimiento.
En Ecuador vivimos un fenómeno similar. Los depósitos no crecen suficientemente porque los agentes han conformado sus portafolios con porciones cada vez mayores de dinero en efectivo. Por supuesto que la tasa de interés local es mayor a cero pero, según parece, no es lo suficientemente alta como para compensar las expectativas de rendimiento que los agentes tienen en las actuales circunstancias del país.
La liquidez que el Banco Central entrega al Gobierno y que este, a su vez, inyecta a la economía a través del gasto público no logra producir el efecto multiplicador necesario para que se dinamice el crédito y la inversión porque los agentes no muestran un apetito suficiente para dejar esos recursos en el sistema financiero.
La preferencia por liquidez de los agentes ha vuelto inútil a la política cuasi-fiscal que el Gobierno, a través del Banco Central, ha puesto en marcha para impedir que se estanque la economía.
Las autoridades quieren revertir –o, por lo menos, aminorar– la excesiva demanda de billetes ofreciendo incentivos tributarios a quienes usen ‘dinero electrónico’. Es decir, desean una salida a la trampa de liquidez que nos atenaza. Pero este objetivo no podrá conseguirse si antes esas mismas autoridades no toman las medidas necesarias para eliminar la incertidumbre que tienen los agentes en torno a la sostenibilidad fiscal del Estado.
Todo el volumen extraordinario de deuda que se ha contratado local y externamente solo servirá para que el Estado continúe con su modus operandi pero no tendrá mayor efecto sobre el desempeño de la economía –como sí lo tuvo en años anteriores– porque los agentes no vislumbran un panorama claro en el corto plazo.
Poner cortapisas a la salida de dinero en efectivo o insistir en las trabas a la importación no conseguirá subir los saldos de los depósitos en el sistema financiero. Para que ello suceda, el Gobierno debe atacar frontalmente el desequilibrio fiscal que sufrimos.
@GFMABest