29 de December de 2010 00:00

La trágica ancianidad

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León Roldós Aguilera

La Constitución de Montecristi establece en el art. 35, en su primera línea, que los adultos mayores recibirán atención prioritaria.

Los adultos mayores -65 años en adelante- se encuentran en tres ámbitos: el de trabajo activo, el de los jubilados y el de los sin trabajo y sin jubilación.

La mayoría, en los tres segmentos, con problemas crónicos de salud, agravados por la edad o agudos o de accidentes, propensos a complicaciones, también por la edad.

La ancianidad sin trabajo es o se aproxima a la mendicidad, en algunos casos dentro de programas sociales del Gobierno.

Los que han tenido trabajo en el sector público ya han sido separados o están esperando que los echen, en espera de una liquidación que puede ser en papeles del Estado, y una futura pensión del IESS, muy inferior a sus últimas remuneraciones por la distorsión en el pago de aportes por décadas producida en el sector público, ya que la Ley de Remuneraciones y la del Magisterio Fiscal establecían que la remuneración aportable al IESS era la básica, en promedio, un 50% del ingreso real, porque el otro 50% eran bonificaciones y antiguedad no calculables para aportar al IESS.

A más de 70 años de edad perder entre el 50y el 30% -por algunas correcciones de los dos últimos años- del ingreso real del 2009, es un golpe en la nuca, a más del efecto psicológico, “te vas porque ya no eres eficiente por viejo”.

Uno de los que van a ser afectados por la imposición del despido forzado en el sector público -que está en la Ley de Servicio Público- me decía que le tenía envidia a ‘Cacho’ Alfredo Vera, nombrado ministro del Interior, a los 75 años de edad. ¿Será privativo del poder calificar las excepciones de lucidez y capacidad en la vía de la ancianidad? Las pensiones del IESS siempre fueron bajas, pero desde el 2000 hasta 2008, se hicieron correcciones importantes, porque la ley exigía la recuperación del valor adquisitivo de las pensiones. El 2009, en forma fraudulenta, que se impuso en la redacción final, se reformó la ley y se fijó como techo de incremento la tasa inflacionaria del año anterior -el 4.31 el 2009- , lo que volvía más miserables las pensiones.

Una legisladora extraordinaria, Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, a quien quisieron ofenderla el Gobierno y las autoridades del IESS, asumió la causa de los jubilados y logró imponerse; se lograron algunas mejoras en las pensiones para 2010 y una escala mejor para 2011 y años siguientes, pero cuando a los trabajadores activos del sector privado se ordena incrementar -con justicia- la remuneración en el 10%, USD 24, se hace visible la iniquidad.

Una jubilada de USD 450, se desespera “ahora solo a la persona que me ayuda tendré que pagarle, con los aportes al IESS, USD 290 al mes, casi dos tercios de mi pensión, ¿cómo podré sobrevivir?”.

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