Basta escuchar los testimonios de las víctimas de asaltos o familiares de fallecidos para conmover la conciencia de todos. El Gobierno central y el Municipio han puesto recursos para obras de infraestructura, modernos edificios de las UPC, equipos de interconexión, el EQU 911, ojos de águila, carros, motocicletas. Esto es importante pero no es todo. Los equipos son manejados por seres humanos y allí radica la eficiencia o deficiencia para afrontar a la delincuencia organizada. Mayor dedicación debiera haber en preparación, capacitación y articulación de las tareas del sistema antes que inundar con propaganda oficial.
Los testimonios son desgarradores. Familiares de policías asesinados en cumplimiento de su deber y que merecen la defensa de sus DD.HH. Otros ciudadanos que han sufrido ataques que causan miedo por la vulnerabilidad con la que se vive.
Hace poco miembros de una familia del valle de Los Chillos, con lágrimas en los ojos, testimoniaron ante una UPC y sus vecinos cómo los ladrones, de acento colombiano y bien armados a pesar de la prohibición para el resto, ingresaron a la casa, les amarraron, robaron todo y se fueron tranquilos en su carro pese a que el jefe de hogar había pulsado su celular, preparado por la Policía para el auxilio inmediato. ¿Cuándo controlan rigurosamente el ingreso de extranjeros? Como había uniformados y una jefa oficial nuevos ni siquiera conocían bien la zona, a pesar de estar a pocas cuadras del hecho. No contaban con patrullero ni motocicleta, en reparación. Llegaron cuando se habían ido los ladrones y les pidieron que vayan a la Fiscalía a poner la denuncia. Faltó colaboración y organización de vecinos. Es doloroso escuchar con impotencia a un padre ¡agradecer a los ladrones porque le trataron bien a su hija y no le hicieron nada! Por ello la gente, sin que sea la solución, pone muros, rejas, alarmas y cerca eléctrica, pero no pueden hacer todos por falta de recursos y además se vive en una sociedad en la que persiste el desempleo y en diversas esferas circula la droga y por tanto qué se puede esperar del resto. Impotencia frente a la actitud de quienes están llamados a realizar la investigación preprocesal y procesal penal, que reciben las denuncias pero ciudadanos, como este no quieren perder tiempo y dinero en la Fiscalía.
Hay casos en la justicia que causan estupor. En Esmeraldas un ciudadano asesina en forma brutal a una turista suiza; en el proceso se prueba el hecho, admite el acusado, pero el juez de primera instancia le sentencia a 4 años. Por decisión diplomática y el abogado acusador que pide que actúe el Consejo de la Judicatura se logra en segunda instancia que el tribunal penal sentencie a 16 años. Empero, ¿todos los litigantes podrán hacer eso o resignarse frustrados a los dictámenes de la “nueva justicia”?