Los hechos rebasan la propaganda y los discursos y esta administración no ha sido la excepción. Prometieron cero tolerancia a la corrupción para llegar a la misma conclusión del pasado: la impunidad campea y los culpables no son los protagonistas de las irregularidades ni la lenidad de autoridades, organismos de control y operadores de justicia. Los culpables son los que denuncian documentadamente y los que investigan y publican. Por ello la principal tarea ha sido deslegitimar casi a diario la tarea periodística.
La corrupción no es nueva; no es única de esta administración ni se va a poder erradicar fácilmente, pero debieran ser coherentes con sus postulados y dar respuestas concretas a los casos que incluso han admitido las autoridades. Allí es cuando se compara la agilidad en unos casos (la judicialización de la protesta y los procesos contra medios de comunicación y periodistas) y la lentitud contra la corrupción del pasado y del presente.
Hasta hoy no hay sancionados por la corrupción en el Ministerio del Deporte y los “comecheques”. Doce procesos instaurados y nada. Irregularidades admitidas en la liquidación de la banca cerrada y de los liquidadores en esta administración y nada. ¿Quién sanciona a los responsables? Graves denuncias por el supuesto lavado de activos. Se involucra al ex fiscal general, Washington Pesántez, a su mujer y hermanos, a quienes les siguieron las cuentas.
Denuncia de la Cámara de la Construcción de Quito en la contratación de obra pública y la respuesta oficial deslinda responsabilidades pero admite: el 80% estaría en los municipios y ¿el 20% qué pasa? Cierto es que cuando hay corrupción existe uno que pide y recibe y otro (sector privado) que da, pero esto no puede ser consuelo para admitir la impunidad.
Las irregularidades (con multas) señaladas por la Supertel a la Corporación de Telecomunicaciones. El caso de los cheques por más de USD 500 000 de la Cervecería Nacional para el abogado hermano del entonces secretario de la Corte Constitucional, antes de lograr un fallo a favor, que luego del escándalo se revisó la decisión. Quién pide cuentas de este dinero que está congelado en una cooperativa no supervisada por la Súper de Bancos? Qué hacen la Contraloría y la Fiscalía?
Todos estos casos, para citar unos pocos, no son invento de la prensa ni de los periodistas. Están allí en la impunidad y en lugar de emprender una campaña para que funcione la justicia y ofrezca garantías se intenta deslegitimar al que investiga y publica. La lógica: tolerancia con la impunidad e implacables con los que revelan; o se callan o vienen los juicios y sentencias condenatorias aunque luego intentan congraciarse con el perdón o el desistimiento, al igual que a los que protestan, pese a que rige el derecho a la resistencia.