No recuerdo donde lo leí, pero estoy de acuerdo que el secuestro de tres personas, dos periodistas y un conductor, es como si el país entero hubiese sido víctima de este infame delito.
Secuestrar es demostrar poder, someter a la víctima a un control total, provocándole dolor, miedo y angustia e interrumpiendo su vida de forma repentina, convirtiéndola en un bien para intercambiar.
La familia y allegados del secuestrado viven con la incertidumbre, con el temor del daño que puede sufrir su ser querido. Se suman los días de angustia, de vacío, de ausencia, añorando a quien está ausente por que otro lo decidió así.
Los secuestros afectan al conjunto de la sociedad, al volverse públicos se genera una sensación de miedo y vulnerabilidad colectiva, además de un dolor, solidario, con los secuestrados y sus familias.
Los secuestros son una grave violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familias, una situación peligrosa, que amenaza de forma directa la vida. No existe forma de suavizar o reducir la extrema gravedad de estos eventos y su impacto en muchos niveles. Un secuestro no se puede justificar en caso alguna, el secuestrador debe saber que recibirá la máxima sanción legal sin importar si lo hace en nombre de causas políticas o ideológicas, sea un delito común, por conflictos familiares o tenga como fin la explotación sexual.
La prioridad siempre debería ser la preservación de la vida de las víctimas, así como la protección y seguridad de las familias. Esto pone en tensión dos posiciones extremas, por un lado el cumplimiento de las exigencias de los secuestradores para poner fin a su cautiverio, y por otro, el demostrar que los delincuentes no podrán obtener sus objetivos por medio de este método, especialmente en aquellos casos en que está en juego la seguridad pública. Los EE.UU. tiene la política de no negociar, una perspectiva apoyada por el Reino Unido en Europa. Otros países de ese continente suelen negociar, sin embargo pese a las declaraciones oficiales, hace unos pocos años el gobierno de Obama, canjeó con los talibanes, un soldado secuestrado por cinco presos de Guantánamo.
La posición de no pagar rescates o ceder a las exigencias de grupos terroristas consta en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hacerlo dice, los financia y promueve que continúen los secuestros.
¿Qué debe hacer el país en el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra? La prioridad debe ser buscar su regreso con vida, pero sin olvidar que deben tomarse medidas urgentes, en coordinación con Colombia, para enfrentar a los grupos que se encuentran detrás de esta acción. A los demás nos queda solidarizarnos, expresar nuestro repudio a este hecho, sin importar qué hacían o quiénes son los secuestrados, un mínimo de humanidad compele a sentir empatía por su dolor y el de sus familias, no dejemos que el altruismo selectivo que vivimos en estos años nos haga insensibles.