León Roldós

De todopoderoso a incriminado

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El caso de Correa, en menos o en más, se ha producido en algunos países. Mientras menos democrático y más autoritario, represivo y abusivo sea un gobierno es más susceptible de que se produzca el procesamiento del gobernante y de los de su entorno.

A veces se ha hecho aplicando aquello de “quien a hierro mata, a hierro muere”. Y aún con extrema violencia, por ejemplo, cuando a Mussolini y a su compañera Clara Petacci, en Italia, abril de 1945, los ejecutaron y colgaron, cabeza para abajo, con ultrajes y escarnio, como hacían los fascistas con los partisanos y otros de la resistencia italiana que capturaban.

O el caso del sanguinario Gadafi, el dictador de Libia, octubre del 2011, sacado de una alcantarilla, y mientras sus captores lo escupían y ultrajaban, hasta que lo ejecutaron, pedía que no le disparen, “tengan piedad” –están las imágenes grabadas-.

En democracia, no debe haber impunidad, ni perdón, ni olvido. La verdad y la transparencia deben ser esenciales. Los procesos deben ajustarse a derecho, pero sin dilatorias.

Correa señala que a él no se le puede probar actos de corrupción. El no niega ni puede negar todo el entramado de corrupción de que él es el principal responsable. Desde la legislación que impulsó su gobierno, así como parte de sus decisiones y la contratación pública se direccionaron para simulaciones y otras formas de fraude, viabilizando así la corrupción.

Semanas atrás la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña expresó que Lenin Moreno sucedió a un gobierno “en donde lamentable y dolorosamente la corrupción campeaba en los distintos sectores” (…) “no se puede concebir un gobierno que se autodefine como progresista si se tolera la corrupción” (…)“Por más grande que sea la obra física construida, si detrás de ella está el sello inmoral de la corrupción jamás la defenderemos y mucho menos la encubriremos, como lamentablemente ocurriera en la última etapa del gobierno del ex presidente Correa”. Eso de sólo la última etapa no lo cree la mayoría de los ecuatorianos.

La vinculación que está pidiendo la Fiscalía en el caso de Balda, por tentativa de plagio o secuestro, ordenado desde la Presidencia, no será el único proceso a seguirse, seguro que habrá otros casos. Para procesar a un ex – presidente no se requiere autorización de la Asamblea Nacional, sólo exigible para el caso del gobernante que está en ejercicio. Verdad que con una norma constitucional similar a la vigente, para el enjuiciamiento penal del ex presidente Jamil Mahuad, el año 2000, se pidió autorización para enjuiciar a quien ya había cesado al momento del inicio de la causa. El Congreso Nacional, entonces, se negó a pronunciarse por ser improcedente la petición recibida. Hoy también es improcedente.

lroldos@elcomercio.org