Alfredo Negrete

Titulares en contravía

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24 de November de 2011 00:02

El jueves 16 de noviembre, los medios informaron sobre el inicio del segundo debate de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional. Un medio oficial, El Telégrafo tituló: “Ley de Comunicación recibe apoyo de medios y periodistas”. Un medio independiente, El Universo lo hizo de otra manera: “El control a medios divide a periodistas públicos y privados”. ¿Qué interrogantes y dudas deben generar en el ciudadano esta contraposición informativa? En definitiva, ¿quién dice la verdad? Aunque parezca un ardid filosófico esa es la naturaleza de la libertad de expresión. No hay una sola verdad y nadie tiene derecho a imponerla.

La contradicción en un plano más doméstico evidencia que en el Ecuador todavía existe la libertad expresión y, en tal virtud, que el sistema vigente no debe ser cambiado, restringido o limitado. En consecuencia, que si uno quiere la versión oficial compre el diario correspondiente, escuche las radios alineadas o sintonice los canales incautados. Caso contrario que lea, escuche o vea los otros.

Una segunda conclusión es que cualquier información errónea, sesgada, parcial o militante ya está regulada por las normativas constitucionales e internacionales vigentes. Por eso, los titulares de los diarios en contravía informativa no fueron objeto de censura previa pues no afectaban a menores o adolecentes ni atentaban a la seguridad nacional o al orden público. Tampoco hay indicios de que esos titulares diferentes acarreen responsabilidades ulteriores. Por tanto, surge una pregunta elemental: ¿Para qué regular lo que ya está regulado?

La tercera conclusión o interrogante consiste en especular o adivinar cómo actuaría el Supremo Consejo de Regulación de la Comunicación, si un ciudadano alega que ha sufrido una confusión desconcertante por los dos titulares diferentes sobre un mismo suceso. Si es un Consejo imparcial, en la cual no existan representes de la partes, la resolución del organismo se fundamentará en los principios constitucionales e internacionales y le diría al ciudadano que por obligación cívica debe seguir investigando qué fue lo que pasó, pues no hay verdades informativas absolutas y que la duda y la sospecha son el gran sostén de la democracia. Por el contrario, si el organismo está integrado por el Gobierno podría producirse un castigo al diario que informó sobre lo que vieron sus reporteros, pues en un régimen de esta naturaleza la miopía es penada.

He allí el núcleo del debate : ¿cómo se integrará el Consejo de Regulación? Funcionará como la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana o el próximo Consejo Nacional Electoral o cumplirá con en el artículo 232 de la Constitución que establece que no podrán estar representantes de las partes interesadas en un organismos de control o regulación; por tanto, ni por las ventanas o una puerta de atrás debe aparecer el famoso Consejo de Participación Ciudadana.