30 de April de 2010 00:00

Tierras confiscadas

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Pablo Ortiz García

‘Esas tierras son del Estado ecuatoriano y nosotros somos ecuatorianos. Por esa razón, nos pertenecen”. Esta frase, digna de un ser que desconoce la legislación nacional, fue expresada por una persona condenada por violación a una menor de edad, y posteriormente absuelta por la Corte Constitucional, es la bandera de lucha de un pseudo defensor de la naturaleza. Si se aplicara este criterio, las playas como son del Estado, las podrían hacer suyas los habitantes de este país, sin importar su condición social o económica. Lo dicho por este sujeto fue con la intención de adueñarse de tierras de propiedad de una empresa que desarrolla programas de explotación de madera.

Lo grave de esto es la inseguridad jurídica que este asunto genera al país. Relato el caso. Hace años el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, Inda, adjudicó, previo el pago respectivo, un lote de terreno a una compañía de explotación maderera. Años después, el llamado Tribunal Constitucional (TC), protegió la adjudicación. Pero de pronto aparece el violador de la menor con una acción de amparo de la resolución del Inda, que la jueza a cargo de la causa, luego del trámite la negó. Hasta ahí, todo correcto, pero de pronto aparecen los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Ejecutivo, a través de uno de sus primeros secretarios nacionales de transparencia, sin ser parte en el caso seguido en el TC, y estando ejecutoriada y ejecutada la resolución, pide se reabra el caso. Este Tribunal, sin notificar a las partes, dejó sin efecto la adjudicación. Se violó la norma constitucional del legítimo derecho a la defensa. Como quien conoció la acción de amparo fue una jueza, a ella se le comunicó la decisión del TC. Esta señora en tres oportunidades rechazó la resolución del Tribunal por estar ejecutada la decisión inicialmente adoptada por el Inda y el TC. Lo que parecía una posición en firme de una funcionaria judicial, cambió súbitamente. Aparece el Poder Legislativo, y la presiona para que dé paso a la resolución de reversión de la tierra al Estado, sin pago alguno. La juez hace lo que pretende el TC por acoso del Ejecutivo y del Legislativo. Acepta la reversión de las tierras legalmente adjudicadas años atrás. La jueza, educada como es, envía una comunicación a la Asamblea diciendo “Hoy gracias a la colaboración de los señores Asambleístas del Movimiento Alianza País, como del Departamento Jurídico de la Presidencia de la República' se ha podido concluir este caso”. ¡Increíble pero cierto!

No me pronuncio sobre las madereras. Preocupa la intromisión de otras funciones en la justicia; cómo funcionarios públicos tienen poder para hacer tambalear la organización de una nación.

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