José Ayala Lasso

¡Terror en Esmeraldas!

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Hace pocos días, el apacible pueblo de San Lorenzo fue estremecido con una explosión que hirió a más de dos decenas de personas y destruyó casas privadas y el Cuartel de Policía. Colombia, que venía investigando la violencia en su frontera sur, informó que el autor de ese acto criminal era un ecuatoriano que comanda a un grupo de disidentes de las FARC, opuesto a la paz suscrita con el gobierno de Santos, ajeno a concepciones ideológicas, inmerso en el turbio negocio de la droga.

El Ecuador se estremeció al conocer la tragedia. Muchos recordaron que, antes de la llegada de Correa, la cooperación internacional en la lucha contra la droga había sido eficaz. Correa quiso hacerlo solo, sin aceptar la cooperación externa, olvidando que la droga es un crimen transfronterizo y que existen acuerdos, en el marco de la ONU, para cooperar en la lucha contra esa pandemia. 

Las medidas del gobierno no consiguieron impedir que el ilícito negocio tomara cuerpo. Se legalizaron los consumos mínimos previstos en una tabla, con lo que resultaron directamente afectados los niños y adolescentes, como lo han denunciado especialistas en la materia. Francisco Huerta Montalvo previó la posibilidad de que el Ecuador pudiera convertirse en un narco-estado.

Ahora se capturan grandes cantidades de droga, lo que no prueba, necesariamente, que haya aumentado la eficiencia de los sistemas de control de ese negocio ilícito. Por el contrario, el tráfico de drogas ha crecido mucho en nuestro país: ya funcionan carteles y sicariatos, se usan submarinos y, ¡horror de horrores!, se han inaugurado los actos de terror.

No fuimos pocos los que, desde cuando Colombia anunció la apertura de conversaciones de paz con las FARC, advertimos la necesidad de que nuestro gobierno adoptara las medidas necesarias para contrarrestar la presión violenta que pudieran ejercer sobre nuestra frontera norte los disidentes de las FARC opuestos a la paz, y evitar su pretensión de convertir a nuestro territorio en base para sus operaciones, como ya ocurrió en el caso de Angostura.

Los requerimientos para la defensa del país, claramente expuestos por las Fuerzas Armadas, no fueron satisfechos. Los radares chinos adquiridos por Correa nunca funcionaron. El presidente dio prelación a su lucha contra quienes le criticaban y la frontera norte quedó insuficientemente guarnecida.

Lo ocurrido en San Lorenzo es el resultado directo de tanta incuria. Hemos sido víctimas de un acto de terror. Moreno ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, reuniéndolo después de que Correa lo silenció por siete años. Ojalá de esa reunión emanen decisiones que respondan al interés del pueblo y no a los argumentos ideologizados que han llevado al fracaso de nuestras políticas de defensa y de relaciones internacionales.

jayala@elcomercio.org