Arturo Torres

A espaldas de la sociedad civil

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Una vez más, el Régimen le da una respuesta centralista a la emergencia. Acaba de crear el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. El organismo tendrá a su cargo la difícil tarea de levantar de los escombros a las zonas devastadas y apoyar a sus habitantes.

Al frente del Comité estará el vicepresidente Jorge Glas, quien coordinará con todos los actores del sector público y privado la estructuración de planes, programas y proyectos para la reconstrucción y, sobre todo, la reactivación productiva en Manabí y Esmeraldas.

El Estado es el eje de todas las acciones. Así, el Comité estará integrado por el Secretario de Planificación y Desarrollo, tres ministros, el Prefecto de Manabí y dos alcaldes de las zonas afectadas.

En esta línea, el Gobierno echa mano de sus cuadros políticos para enfrentar la crisis. No toma en cuenta a las cabezas de la Secretaría de Gestión Riesgos, ente técnico especializado.

Tampoco integra al Comité, que tendrá una secretaría adscrita a la Vicepresidencia, a representantes de organismos de la sociedad civil, como la Cruz Roja, que tiene una experiencia valiosa en atención humanitaria.

En 1987, después del sismo que destruyó 70 kilómetros del oleoducto y dejó 1 000 muertos, el Gobierno de entonces delegó a la Cruz Roja la reconstrucción de viviendas en los sectores más afectados.

Luego del pasado 16 de abril, los organismos de la sociedad civil de distintas provincias llegaron con ayuda a los miles de damnificados. Los ciudadanos se sumaron voluntariamente con sus donaciones, sin esperar ninguna convocatoria oficial.

Nadie duda del papel rector del Régimen para atender este tipo de crisis. No obstante, hay una tendencia desmedida a concentrarlo todo, a desestimar la capacidad de la sociedad, cuyo papel no acaba de ser entendido ni descifrado por el oficialismo.