A mediados de julio pasado tuve oportunidad de recorrer y penetrar en gran parte de las zonas afectadas en Manabí por el terremoto del 16 abril pasado y se evidenciaron las fallas de todos los sectores, público y privado. Su impacto siempre demorará la reconstrucción y reactivación. Sin embargo, pese al gran espíritu de trabajo de los manabitas que miran hacia adelante, quedan muchas interrogantes sobre las tareas del gobierno central, los municipios y lo que hizo el sector de la construcción local.
Parto de una auto crítica en la información: no se ha reflejado en general en los medios la real dimensión del gran impacto que tuvo en una de las ciudades más acogedoras y tranquilas del país, Bahía de Caráquez. Seriamente afectada no solo el centro histórico y el sector periférico sino el área de la punta donde existían edificios, que hoy la casi totalidad tiene medianos y grandes daños, que deberán ser derrocados. Muy triste esa realidad.
Cierto es que los albergues y carpas están bien atendidos, con colchones, frazadas, alimentos y agua para afrontar temporalmente la situación, pero hay zonas devastadas como Tarqui donde el futuro es incierto. Qué pasó con las unidades educativas del milenio, construidas y tan promocionadas en este régimen, no solo la de Pedernales. ¿Y la de Bahía de Caráquez? Pese a que el poder en primera instancia habló de la responsabilidad de las autoridades en los seguros, luego se llegó a defender y justificar el que no haya habido aseguramiento, hoy incluso materia de un juicio político en la Asamblea, pero no se debe esperar nada gracias a la mayoría oficialista, que huye de estas fiscalizaciones.
Qué pasó con los daños en las Unidades de Policía Comunitarias, tan reivindicadas por el régimen que sostiene que en el país hay la mayor seguridad de la región. Cuál es el nivel de daños que han tenido. Dónde están las acciones de fiscalización, si es que existieron, de la obra pública.
Tanto las unidades educativas del milenio cuanto las UPC fueron construidas en este gobierno y qué pasó entonces con la aplicación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, que se puso en vigencia en esta administración y que prevé edificaciones sismo resistentes, como corroboran reconocidos profesionales politécnicos.
Uno es el discurso, con propaganda y cadenas oficiales, y otra la realidad cuando se verifica in situ y se ensucia los zapatos en los recorridos. Los pujantes manabitas son los primeros testigos que dicen sus verdades y se quejan de la realidad que viven. A esto se suma que ya se tomaron parte de los recursos para pagar a proveedores, que se recauda por la Ley aprobada para afrontar el terremoto, cuando su objetivo principal es la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada y la reactivación productiva (art. 1).